El proceso previsto para el martes relanza el debate sobre la protección a jueces y fiscales en la frontera.
El próximo martes 12 de junio, se realizará la audiencia de vinculación contra Walter Patricio Arízala Vernaza, alias ‘Guacho’, por el crimen de delincuencia organizada, en la ciudad de San Lorenzo, a las 10:00. Además de Guacho, la Fiscalía General del Estado busca la vinculación de 22 subalternos que participan en las actividades criminales del narcoterrorista y líder disidente de las FARC.
Conjuntamente con los atentados terroristas como el de la Comandancia de la Policía en San Lorenzo, en enero de este año, y el puente y torre eléctrica de Viche, en abril, Guacho es buscado por el secuestro y asesinato de un equipo periodístico de diario El Comercio, así como el secuestro de una pareja ecuatoriana de la que todavía no se conoce noticias.
Guacho lidera el Frente Oliver Sinisterra, una agrupación disidente de las FARC que opera en la frontera colombo-ecuatoriana, caracterizada por actos terroristas y crímenes relacionados al narcotráfico en ambos países. Según información reciente, el líder terrorista estaría sitiado en Colombia, por las fuerzas de seguridad de ese país.
Seguridad
La penalista Gisela Vaca reconoce que el Código Orgánico Integral Penal (COIP) únicamente contempla la protección de víctimas y testigos, más no de operadores de justicia. “Sí siento que hay un vacío en ese sentido”, dice, en cuanto a la seguridad de jueces y fiscales, por lo que no descarta que el Estado tome medidas al respecto, siempre y cuando no vayan contra el principio de legalidad.
“Un juez de estos casos está en mayor vulnerabilidad”, dice. La seguridad, sin embargo, es una consideración que hay que tener en cuenta junto con la competencia. En ese sentido, Vaca piensa que la Corte Constitucional debe pronunciarse a la brevedad posible sobre la consulta que le hizo el Consejo de la Judicatura saliente sobre la constitucionalidad y legalidad de una Unidad Especializada en el combate al Crimen Organizado, con sede en Quito. Para ella, cualquier mecanismo que se implemente, no debe violar derechos como el de defensa ni el principio de legalidad.
Ricardo Camacho, el exintendente evaluador del Consejo de la Judicatura, puso en marcha un programa de protección de jueces, especialmente en el ámbito fronterizo con Colombia, a fin de garantizar su seguridad, y en ese sentido, el funcionamiento de la Función Judicial en esa zona. Para la implementación de este programa, Camacho se reunió con expertos de otros países, por ejemplo, recuerda que en el caso español la justicia centralizó sus actuaciones en Madrid para el combate contra ETA. “Hemos aprendido los protocolos de países que han vivido estos problemas”, dice.
Para el, la protección a los jueces es fundamental. De hecho, su trabajo fue convertir en un “bunker” a la Unidad Judicial en San Lorenzo, para que pese al miedo y al terrorismo, la Justicia siga funcionando y persiguiendo los delitos. “Hay un Ecuador antes y después de la bomba en San Lorenzo, no es el mismo, cambió completamente, es como los Estados Unidos después del 11 de septiembre, el sistema de Inteligencia falló”, dice. En ese sentido, respalda la idea de crear una Unidad Especial contra el Crimen Organizado. De hecho, ante las críticas de que la propuesta del Consejo de la Judicatura violaba el principio de legalidad, al convertirse en un tribunal de excepción, es urgente que la Corte Constitucional resuelva el tema, para encontrar el mejor mecanismo de garantizar la seguridad de jueces y fiscales. (MMD)