“La oposición violenta de ciertos actores externos, como organizaciones sindicales de Emaseo, que se han resistido a ingresar a un cambio de modelo”, habría sido el motivo que llevó a la firma española Valoriza a desistir del arrendamiento de 40 recolectores de basura a la Empresa Pública Metropolitana de Aseo (Emaseo), según se difundió en un comunicado oficial, ayer por la tarde.
El proceso se anunció en junio y estaba en la fase final de negociaciones para la firma definitiva, según aseguró el gerente general de la Empresa, Juan Neira. La empresa extranjera, sin embargo, decidió retirarse.
Ante la situación, en el comunicado, se informó que Emaseo “ha emprendido el análisis técnico respectivo para avanzar en la provisión de flota, para optimizar el servicio de recolección en la ciudad”.
El objetivo principal de la contratación era suplir una necesidad urgente de maquinaria por la que atraviesa la institución desde 2015, cuando los informes señalaban que había maquinaria que completó su vida útil. Se preveía que los 40 recolectores operarían este mismo año y serían parte de un nuevo modelo de gestión para el manejo de los deshechos de la ciudad.
Continúa la crisis
La semana pasada, Emaseo denunció acciones violentas por parte de un grupo de miembros de organizaciones sindicales, quienes habrían puesto en riesgo “la integridad física de funcionarios de Emaseo y de Valoriza”, lo cual está en investigación de la Fiscalía.
Los últimos meses, Emaseo ha atravesado por varias problemáticas que se han acumulado desde diciembre de 2017 y que han estado bajo análisis desde febrero de este año, cuando la empresa presentó su plan de contingencia por la crisis por la que atravesaba.
A esto se sumaron las protestas de trabajadores que exigían la dotación de herramientas y repuestos, además de una revisión del proceso de arrendamiento de los recolectores por la cantidad de dinero que se invertiría.
También estalló la noticia de que 35 camiones de la empresa habían sido deshuesados y quedaron inservibles en los talleres de la Av. Occidental y Mariana de Jesús, en La Forestal, Zámbiza e incluso en locales de proveedores. La información acerca de ese caso aún no se conoce con exactitud, pues es parte del borrador de un informe de auditoría interna que realiza la Contraloría General del Estado, del período 2014 – 2017. A inicios de agosto, se conocerían resultados preliminares. (PCV)
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