El secretario acudió voluntariamente. Por este caso son investigados exfuncionarios municipales y dos concejales.
“Mi función no era conocer nombres ni pormenores sino que la información la entreguen al órgano competente, que es la Fiscalía y las veces que me llamen estaré aquí”.
Esto dijo ayer el secretario de Seguridad y Gobernabilidad, Juan Zapata, después de rendir su versión en la Fiscalía Provincial de Pichincha.
El caso de presunta asociación ilícita en la asignación de cupos para taxis fue el motivo por el cual la Fiscal encargada de Pichincha, Jimena Molina, convocó al funcionario para que rindiera su versión libre y voluntaria en compañía de su abogado. Su declaración duró cerca de 30 minutos.
A pesar de que no precisó la fecha ni dijo nombres, Zapata reconoció que este año, antes de que se conociera el caso de forma pública, dirigentes de taxistas se acercaron a él para informarle sobre el pago que se les pedía para obtener los permisos. Según él, realizó “una gestión con el fiscal encargado en ese momento (Fabián Salazar), quien recibió las versiones”.
El funcionario recalcó que era su obligación poner el caso en conocimiento de la autoridad competente y que las investigaciones deben seguir a través de los canales que corresponde.
Antecedentes
Las acciones de la presunta red de corrupción que habría recibido dinero de los taxistas en el proceso de asignación de cupos, salieron a la luz el 19 de abril de este año. Ese día, se allanaron instituciones municipales y ocho funcionarios fueron detenidos para investigaciones por un presunto delito de asociación ilícita.
Como parte de esa lista, estuvieron los concejales Eddy Sánchez y Sergio Garnica, quienes presidían la Comisión de Movilidad, y exfuncionarios de la Secretaria Metropolitana de Movilidad.
En ese proceso, Fabián Salazar, quien era el Fiscal encargado de Pichincha, dijo que se trataba de una “estructura criminal” que había perjudicado a conductores de buses y taxis, a quienes se pedía coimas a cambio de resolver sus trámites.
Las indagaciones previas del caso se iniciaron en enero y, según Salazar, el perjuicio ascendería a 80 millones de dólares.
Desde entonces, la Fiscalía de Pichincha ha continuado con las investigaciones del caso. En este contexto, el proceso de asignación de cupos se encuentra detenido por decisión del Concejo Metropolitano. (PCV)
El proceso
° Según el estudio de oferta y demanda de taxis, que se impulsó desde la Secretaría de Movilidad, se debe extender cupo a 8.693 postulantes.
Sin embargo, hay alrededor de 18.000 personas que aplicaron, de las cuales, 10.260 cuentan con un informe de idoneidad y 5.000 que inicialmente quedaron fuera apelaron esa decisión.
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