Redacción QUITO
Alrededor de 40 personas, entre policías, militares, exfuncionarios de la Comisión de Tránsito del Guayas y ciudadanos afectados por los hechos del 30 de septiembre de 2010 acudieron esta mañana al Consejo de la Judicatura para presentar una denuncia en contra de los jueces y fiscales que participaron en los procesos judiciales en los que fueron condenados.
En varias cajas, llevaron los expedientes en carpetas que tenían los nombres de cada uno. Los casos están individualizados para que la Judicatura los evalúe uno por uno y pueda aplicar las sanciones administrativas a los jueces que correspondan, explicó el presidente Comité de Víctimas del 30-S, Óscar Ayerve.
«Hay evidencias plenas de persecución política. Vamos a hacer la entrega oficial para que de manera inmediata se inicien los procesos de sumarios administrativos y de investigación que corresponda para que en el debido proceso fiscales, jueces y operadores de justifica sean investigados y aquellos responsables sean sancionados», agregó.
La vocal temporal Zobeida Aragundi les recibió y receptó los expedientes de más de 100 procesos y otros documentos de grupos de miembros de las FF.AA., FAE, y policías que fueron sentenciados en diferentes instancias.
Por otro lado, también entregarán en la Asamblea una petición para que se dé una amnistía general a todas las víctimas y la reparación que corresponda.
«El 30-S es un recuerdo negro en la historia judicial. Gracias por la valentía de identificar con nombres y apellidos, hechos y fundamentos a los servidores judiciales que actuaron inadecuadamente en la tramitación de los expedientes judiciales. La Judicatura va a utilizar su sistema de investigación y disciplina para llegar a resoluciones para que con fundamentos se sancione a quienes hayan ido contra la ley al tramitar los casos del 30-S», señaló Aragundi al recibir la documentación. (AGO)