El 63% de sus ingresos se da por cobros por servicios adicionales a clientes de Banco del Pacífico.
Primero fue el conflicto de intereses producido porque Eduardo Jurado, secretario de la presidencia, es accionista de Consolidos, empresa que tiene participación en GEA Ecuador, la que a su vez presta servicios a Seguros Sucre, aseguradora con 99% de acciones estatales.
Ahora, en los últimos días, se han multiplicado denuncias de ciudadanos sobre cobros no autorizados de servicios adicionales que, a través de GEA Ecuador, ofrecen instituciones financieras del país.
Ana Real, una de las ciudadanas que se siente perjudicada, contó que al descubrir que en su estado de cuenta le estaban realizando un descuento no autorizado de 5 dólares mensuales, llamó al banco, pero la única respuesta que obtuvo fue que en la entidad no podían hacer nada porque correspondía a un seguro por asistencia técnica.
Pablo Murgueitio, abogado especialista en derecho financiero, explicó que en el artículo 152 del Código Orgánico Monetario y Financiero se establece que “los cargos que se impongan por servicios financieros y no financieros se efectúan luego de que hayan sido expresa y previamente aceptados. Además añadió que en el mismo código se establece de manera obligatoria que dicha aceptación, tanto por teléfono, de forma física o digital, debe estar sustentada en documento o grabación. “El único respaldo legal es la firma del cliente en un contrato o el registro auditivo con el consentimiento”, aseveró
De acuerdo con la web de la Superintendencia de Compañías, como accionista de GEA Ecuador constan el Grupo Especializado de Asistencia Internacional S.A, de nacionalidad mexicana; y Consolidos S.A, donde consta como accionista Eduardo Xavier Jurado Béjar.
Ana Galarza, asambleísta, explicó que hace 4 meses, junto a sus compañeros del bloque de CREO, ya denunciaron el conflicto de interés de Jurado, y los cobros indebidos que la empresa GEA está haciendo a usuarios bancarios, sin embargo no han obtenido respuestas de instancias públicas o privadas.
Por su parte, Patricio Salas, Secretario Ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Empresas de Seguros en el Ecuador (Fedeseg), negó que las aseguradoras incluidas en esa asociación realicen ese tipo de descuentos. “Los casos denunciados en los últimos días están relacionados a GEA Ecuador. Como federación no hemos recibido ningún tipo de denuncia ciudadana”, concluyó el representante.
Julio José Prado, presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca), expresó que cualquier descuento se hace solo con autorización del cliente, pero que en el caso de los cobros denunciados por la ciudadanía, la responsabilidad de tener el soporte del consentimiento recae exclusivamente en la empresa que brinda el servicio. “Los bancos dejamos de cobrar si el cliente se acerca a hacer el reclamo”, añadió (JS)
Ingresos por más de USD 50 millones
° En el informe de auditoría externa, que se puede encontrar en la página de la Superintendencia de Bancos, y que fue realizado por la firma Deloitte, se establece que el 80% de los ingresos de GEA proviene de acuerdos de recaudación con instituciones financieras locales.
Estos ingresos llegaron a los 50,8 millones de dólares en el año 2017. De eso, los accionistas recibieron 1,9 millones de dólares en dividendos. En años anteriores, los dividendos a los accionistas promediaron el 1 millón de dólares anuales.
El 63% de esos ingresos se generó en cobros por 32 millones de dólares a clientes del Banco del Pacífico. Y por “comisión de recaudación y uso de marca”, GEA pagó a ese banco 17 millones de dólares.
¿Un ejemplo de mal manejo de los datos públicos en el país?
° María José Troya, directora Ejecutiva de la Tribuna de Consumidores y Usuarios del Ecuador, explicó que estos cobros indebidos están directamente relacionados con la pobre seguridad del manejo de los datos públicos que existe en el Ecuador. “Muchas de estas empresas utilizan de manera engañosa la información de bases de datos a las que tienen acceso, y hacen creer a los clientes que llaman de su banco o su tarjeta de crédito, cuando esos servicios son particulares”, dijo.
En este sentido, Troya hizo un llamado para que las autoridades hagan un control de esas prácticas, en especial la Superintendencia de Bancos. “Los clientes deben preguntar más cuando les hacen ese tipo de llamadas y no entregar tan fácilmente su información, aunque digan que llaman de parte del banco”, concluyó.