Ecuador: las preocupaciones persisten sobre la Pro forma 2019

PLAZO. La Asamblea tiene hasta el 20 de diciembre para analizar nueva pro forma.
PLAZO. La Asamblea tiene hasta el 20 de diciembre para analizar nueva pro forma.

El lunes por la noche, el Ministerio de Finanzas envió una nueva Pro forma 2019, en respuesta a las 17 observaciones hechas por la Asamblea el 30 de noviembre pasado. Aunque, según varios analistas, se nota el esfuerzo de las autoridades, los cambios son menores, sobre todo en lo referente a la reducción del gasto público.

El punto más llamativo del presupuesto reformulado es que se baja el precio por barril de petróleo de 58,29 dólares a 50,05 dólares. Mauricio Pozo, exministro de Finanzas, explicó que la decisión es un paso en la dirección correcta. “Entre más cerca de los precios de mercado estemos, menos posibilidades de perder ingresos”, argumentó.

Sin embargo, Victoria Luppi, analista de comercio internacional de petróleo, alertó que, luego de la decisión de recorte de producción de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), el precio no ha pasado de los 52 dólares por barril. “Si descontamos el castigo al crudo ecuatoriano, todavía estamos por debajo del nuevo precio presupuestado. Además, a pesar de los anuncios previos, las autoridades no concretan nada con respecto al seguro petrolero”, contó.

Subsidios
Según el Ejecutivo, para evitar aumentar las necesidades de financiamiento y mantener el déficit en 3,2%, se profundizará el análisis de optimización de los subsidios a los combustibles. Con esto se espera que el gasto por este concepto se reduzca en 613 millones de dólares.

Al respecto, Pozo aseveró que faltan concreciones y aclaraciones para saber por dónde irá el Gobierno. Añadió que el gasto total sigue casi igual. “La disminución de 205 millones en gasto de personal es insuficiente si se analiza que el desembolso total es de 9.000 millones anuales”, puntualizó.

Sobre los 1.000 millones de concesiones, el Gobierno se reafirma en que son ingresos permanentes, porque se devengarían en al menos 10 años, pero no hace ninguna puntualización de que empresas públicas estarían involucradas. (JS)