Existen varios problemas por el déficit de funcionarios. Hoy está previsto que se den a conocer los cambios.
¿Cómo está la Fiscalía General del Estado? Tiene oficinas llenas de expedientes de casos que ya prescribieron o que las personas ya no están interesadas. Se paga el alquiler de edificios para guardar esos archivos. Hay fiscales que tienen hasta 7.000 causas que revisar, por un déficit de personal de alrededor de 400 personas.
En la Unidad de Indagaciones Previas hay seis fiscales, cada uno con 100 casos de 270 cuerpos. No tienen la capacidad de seleccionar su personal o de reemplazarlo cuando hay vacantes.
“La Fiscalía necesita una intervención compleja y concreta”, admitió la fiscal general (e), Ruth Palacios. La máxima autoridad de la Fiscalía tiene una aspiración: que la institución pueda manejar los procesos que afectan su operatividad, como la contratación del personal, con autonomía.
Una de las razones del problema, según Palacios, es que en administraciones anteriores existió una mala relación entre la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura (CJ), institución encargada de los concursos de fiscales, que además tiene la facultad de sancionarlos. Existió, dijo la fiscal, una “necesidad de acaparar un poder”.
Por eso, una vez que las nuevas autoridades de la Judicatura se posesionaron existió un acercamiento para debatir sobre la situación de la Fiscalía. Es así que se acordó que el CJ delegará competencias, que hoy se darán a conocer en un pronunciamiento conjunto entre la fiscal y la presidenta de la Judicatura, María del Carmen Maldonado.
Algunas medidas
Debido a la carga de trabajo en la Unidad de Indagaciones Previas, Palacios optó por mover a un número de fiscales de la Comisión de la Verdad, para que colaboren con la revisión de los casos que tienen fuero de Corte. Esta medida es temporal, dijo, duraría entre un mes y un mes y medio, dependiendo de lo que resuelva el CJ.
La Judicatura analiza asignar un número de fiscales adicionales. Esa información se daría a conocer hoy en la primera rueda de prensa que dé Maldonado desde que fue posesionada. Sin embargo, la coordinadora misional de la Fiscalía, Pavlova Astaiza, señaló que para cada fiscal se requiere un presupuesto anual de 55.800 dólares. Esa es una de las dificultades.
Hasta que la disposición temporal se resuelva, existe preocupación de las víctimas de violación de Derechos Humanos, cuyos casos están en la Comisión de la Verdad. Uno de ellos es el de la desaparición de David Romo. Su madre, Alexandra Córdova, alertó que su caso se quedó sin fiscal porque fue enviado a Indagaciones Previas.
Esta semana iba a comenzar a trabajar la mesa que investigará la desaparición forzada de Romo, no obstante, el proceso se detuvo hasta que sorteen nuevamente otro fiscal. Por eso, Córdova indicó que se están agrupando con otros afectados para entregar una carta de protesta a la Fiscal, porque consideran que una vez más se están violando sus derechos a que se haga justicia. (AGO)