Así empieza la reorganización municipal

MAY, 21, 2019 |

Cambio. El Instituto Metropolitano de Patrimonio se fusionaría con otras entidades del Cabildo.

En su primera semana al frente de la Alcaldía Jorge Yunda empezó a definir estrategias para reorganizar el Municipio y sus 57 diferentes dependencias con una primera reunión de trabajo con el nuevo equipo de autoridades a cargo de secretarías, institutos, agencias e institutos municipales.

El objetivo, según el Vicealcalde Santiago Guarderas, es “adecuar el aparato municipal con gente que no haya ingresado por política, sino con el número de empleados necesarios para atender las necesidades de los ciudadanos”.

En los próximos días Yunda presentará el plan de manera oficial, anunció Guarderas, al anticipar que las líneas generales apuntan a la fusión de secretarías y a establecer un nuevo sistema de trabajo en las administraciones zonales. 

Pablo Dávalos, quien está al frente del Instituto de la Ciudad, anunció que esta entidad se fusionará con los institutos de Patrimonio y Metropolitano con el propósito de unificar la tarea de planificación de la ciudad. Anticipó, además, que se eliminarán las contrataciones de consultorías para que sean los propios técnicos y expertos municipales, quienes provean los estudios e informes técnicos que requiera la capital.

Según los acuerdos alcanzados entre los cuatro bloques de CREO, ID, Concertación y Unión Ecuatoriana, la reorganización del Municipio también implica debatir en el pleno del Concejo un nuevo modelo de gestión, la operación y tarifas del Metro y de buses y el estatuto autonómico de Quito. 
 

Informe técnico
Una consultoría independiente, contratada por la anterior administración, sugiere eliminar o reducir por fusión o absorción de 74 a 59 instituciones bajo administración directa y de 31 a 16 instituciones adscritas o dependientes.

Las secretarías deberían reducirse de 13 a 9 y las direcciones metropolitanas de 49 a 28. En el caso de las direcciones se aconseja que se incrementen de 12 a 22. Esto, según el informe técnico de la firma Price Waterhouse Coopers, que incluye un “cronograma de implementación de 18 meses”. (JCER)

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