Una alternativa legal para solucionar los problemas que enfrentan más de 50.000 contribuyentes afectados por cobros indebidos y altos montos de patentes municipales analizaron ayer el alcalde, Jorge Yunda; y el procurador general del Estado, Íñigo Salvador.
Tras la reunión se anunció que la administración municipal pedirá el criterio jurídico al abogado del Estado. “Estaremos dando nuestra opinión. En función de eso, el Alcalde tomará una decisión. Es una solución que tienen que encontrar ellos”, sostuvo Salvador tras expresar la predisposición de la Procuraduría para tramitar la mencionada consulta.
Luego de señalar que la administración heredó un problema iniciado en 2104, Yunda destacó que las medidas “de previsión para no afectar al ciudadano” dependerán del criterio del Procurador.
“No es un tema generalizado, pero el Estado, en principio, no puede hacer eso a un ciudadano”, sostuvo Yunda, al puntualizar que tras ocho años, el Municipio ha notificado de forma indebida cobros no realizados en su momento.
Posible alternativa
Por ahora, se descarta como alternativa que haya una posible “remisión tributaria”, es decir una condonación de pago de intereses para que los ciudadanos se pongan al día con sus obligaciones tributarias.
Un informe de esta situación da cuenta de que los montos de cobro ascenderían a cinco millones de dólares, puntualizó Pablo Dávalos, asesor económico del Alcalde.
EL DATO
5 millones de dólares se estarían cobrando de manera indebida. Una de las afectadas es Jéssica Alvarado, a quien la administración tributaria, de manera sorpresiva y sobre todo indebida, le notificó una deuda de 300 dólares por pago de patente, pero ella sí cumplió con esa obligación tributaria. “Han duplicado la patente desde el año 2012 hasta el 2015, años que yo ya declaré y pagué en función de los montos que el mismo Municipio establece. Pero en mayo de 2019 aparecen estos montos, pero con intereses y multas desde 2012”, detalló.
Alvarado, quien ejerce como asesora contable, tramita al menos una decena de casos de clientes perjudicados por este tipo de cobros indebidos de entre 300 y 1.000 dólares. “Todos ya han pagado. En el Municipio no dan mayor explicación, salvo que hay una resolución y que están dando facilidades de pago mediante coactivas”.
Salidas
El artículo 149 del Código Tributario faculta al ciudadano dos posibles salidas legales, según el catedrático universitario y consultor tributario, Carlos Calero. La primera de ellas es pedir “que se den de baja” las órdenes de pago indebidas conocidas como “títulos de crédito”. La segunda, para los que ya pagaron, es solicitar la devolución por concepto de pago indebido.
“El Municipio debería ser honesto y eliminar esos títulos de crédito y, si es el caso, emitir unos nuevos. No sería justo que tengan que pagar, para luego reclamar, cuando ellos sí pueden proceder a anularlos”.
Calero agregó que “están pretendiendo cobrar diferencias de valores de años anteriores, cuando el código tributario permite un máximo de un año atrás”.