Colaborar en las investigaciones de la trama de corrupción entre el Gobierno de Rafael Correa, y los tribunales de justicia es la alternativa que analizan dos de sus excolaboradoras. Esto se conoció a pocos días de que la exasistente del despacho de la Presidencia de la República, y exjueza de la Corte Constitucional, Pamela Martínez, la exasesora de Correa, Laura Terán, rindan su versión anticipada ante la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
Fiscales y jueces que llevan el caso quieren escuchar que “nuevos elementos” pueden aportar las procesadas. Esto, luego de que hace pocas semanas se accedió a información en discos duros propiedad de Terán y en “chats” grabados en el teléfono de Martínez.
Se trata de registros, contabilidades de aportantes, coimas, aportes ilícitos y “cruce de facturas” a la campaña electoral de Correa y Alianza PAIS, a cambio de contratos con el Estado y de “chats” en los que se gestionaban favores con jueces, altos funcionarios, empresarios e, incluso, pedidos de futbolistas.
El abogado de Martínez, Édgar Molina no descarta la posibilidad a que su defendida se acoja a la cooperación eficaz, pero aclaró que esa es una decisión que él debe mantener en reserva. El abogado de Terán, en cambio, evitó responder a este medio sobre el tema.
Mecanismo
El abogado Galo Terán explicó que esta figura, establecida en el Código Integral Penal, permite, “con la ayuda de los indiciados (personas sobre las que recae sospechas), desarrollar de mejor manera los procesos de investigación y establecer elementos de convicción que puedan llevar al juez a tomar una resolución”.
Recordó que este es un acto voluntario, para que los procesados puedan beneficiarse de rebajas de penas, a cambio de aportar información, evidencias o pruebas verificables y comprobables sobre el cometimiento de delitos.
Lo legal
“Colaborar eficazmente con las autoridades en las investigaciones de la infracción”, se considera una “circunstancia atenuante”, es decir, que disminuye la gravedad de la infracción penal, según el artículo 45 del COIP.
Vigencia
El fiscal de la Unidad de Investigaciones Bolívar Burbano recordó que esta figura nació en el año 2000, cuando se firmó la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, conocida como Convención de Palermo. La norma ha servido a la justicia de 148 países para investigar delitos que atraviesan fronteras como tráfico ilegal, estupefacientes, personas o armas. Ecuador la empezó a aplicar en 2014 con la entrada en vigencia del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
“En delitos contra la administración pública se hace un tipo de analogía porque sí se organizan para delinquir. Cabe porque están aprovechándose de una estructura lícita dentro del organigrama del Estado para apropiarse de fondos del Estado”, comentó.
Sobre la posibilidad de que Martínez y Terán accedan a esta figura comentó que “jurídicamente no estarían aceptando la responsabilidad, pero sí la existencia del delito, su participación tácita y no expresa”. (JCER)
Detalles
Los parámetros
° El fiscal califica si fue o no eficaz la colaboración.
° El COIP establece que “la pena no podrá exceder los términos del acuerdo”.
° Con este acuerdo se puede llegar a una condonación de la pena del 80%.
° También puede darse una condonación de hasta el 90% si la información permite procesar a jefes o cabecillas de bandas delincuenciales.
° Todas las actuaciones relacionadas con la cooperación eficaz deberán ser guardadas bajo secreto y mantenidas fuera de actuaciones judiciales.
° Colaboradores eficaces y sus familiares pueden recibir protección policial.