Sanciones por “boicot” del transporte público se preparan en contra de siete de 250 empresas privadas de transporte que dejaron sin servicio público a la ciudad de manera intencional, informaron ayer el alcalde, Jorge Yunda; y el secretario de Movilidad, Guillermo Abad.
Los nombres de las operadoras involucradas no se dieron a conocer, pero ambas autoridades aseguraron que se ha verificado que incurrieron en causales para multas económicas, intervención del Municipio o la revocatoria de sus contratos por suspensión injustificada del servicio, maltratos a usuarios o alzas no autorizadas.
Los procesos administrativos están cargo de la Secretaría de Movilidad y durarían dos meses. Los transportistas investigados podrán presentar sus pruebas de descargo.
“En realidad los procesos se realizan a todas las operadoras, porque antes que salga primera resolución de la ANT (Agencia Nacional de Tránsito) sobre las tarifas no salieron a trabajar, no prestaron el servicio y, consecuentemente, no había ningún tipo de justificativo para incrementar las tarifa y hubo casos en que así lo hicieron”, dijo Abad.
En los informes de fiscalización de la Secretaría de Movilidad constan pruebas audiovisuales y documentales en las que se ha identificado “operadoras que salían por falta de garantías y en otros casos, porque no quisieron hacerlo, porque boicotearon la ciudad”, agregó.
Reacciones
Dos de los principales dirigentes de la transportación pública como Ney Jiménez de las cinco operadoras del Corredor Central Norte y Jorge Yánez de las 10 empresas de los corredores nororiental y suroriental se desmarcaron de cualquier boicot.
Jiménez sostuvo que aunque con mejores unidades y de forma intermitente por bloqueos en las vías, sí salieron a cubrir la ruta La Ofelia-Marín. Yánez manifestó que fue “imposible salir a trabajar con las unidades alimentadoras por el riesgo en las vías”. Ambos pidieron que se garantice escolta y vigilancia militar para reestablecer por completo el servicio a partir de hoy.
Nueva tarifa
El pasaje de 35 centavos en la zona urbana, que rige desde ayer, se aplicó mediante la resolución N° 081 de la ANT, por la cual el Gobierno Nacional asumió temporal y parcialmente las competencias del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en las 221 municipalidades del país. Con esta medida se fijó un alza de 10 centavos. (JCER)
Nuevos contratos
° El incremento de la tarifa de transporte público obliga a las compañías y cooperativas de transporte y al Municipio a firmar nuevos contratos, confirmaron Yunda y Abad.
Agregaron que la suscripción de nuevos acuerdos dependerá de que el Concejo Metropolitano apruebe en los próximos meses un proyecto de ordenanza de la Secretaría de Movilidad en el que se establecerán 42 parámetros de calidad, seguridad y eficiencia.
Sanciones por “boicot” del transporte público se preparan en contra de siete de 250 empresas privadas de transporte que dejaron sin servicio público a la ciudad de manera intencional, informaron ayer el alcalde, Jorge Yunda; y el secretario de Movilidad, Guillermo Abad.
Los nombres de las operadoras involucradas no se dieron a conocer, pero ambas autoridades aseguraron que se ha verificado que incurrieron en causales para multas económicas, intervención del Municipio o la revocatoria de sus contratos por suspensión injustificada del servicio, maltratos a usuarios o alzas no autorizadas.
Los procesos administrativos están cargo de la Secretaría de Movilidad y durarían dos meses. Los transportistas investigados podrán presentar sus pruebas de descargo.
“En realidad los procesos se realizan a todas las operadoras, porque antes que salga primera resolución de la ANT (Agencia Nacional de Tránsito) sobre las tarifas no salieron a trabajar, no prestaron el servicio y, consecuentemente, no había ningún tipo de justificativo para incrementar las tarifa y hubo casos en que así lo hicieron”, dijo Abad.
En los informes de fiscalización de la Secretaría de Movilidad constan pruebas audiovisuales y documentales en las que se ha identificado “operadoras que salían por falta de garantías y en otros casos, porque no quisieron hacerlo, porque boicotearon la ciudad”, agregó.
Reacciones
Dos de los principales dirigentes de la transportación pública como Ney Jiménez de las cinco operadoras del Corredor Central Norte y Jorge Yánez de las 10 empresas de los corredores nororiental y suroriental se desmarcaron de cualquier boicot.
Jiménez sostuvo que aunque con mejores unidades y de forma intermitente por bloqueos en las vías, sí salieron a cubrir la ruta La Ofelia-Marín. Yánez manifestó que fue “imposible salir a trabajar con las unidades alimentadoras por el riesgo en las vías”. Ambos pidieron que se garantice escolta y vigilancia militar para reestablecer por completo el servicio a partir de hoy.
Nueva tarifa
El pasaje de 35 centavos en la zona urbana, que rige desde ayer, se aplicó mediante la resolución N° 081 de la ANT, por la cual el Gobierno Nacional asumió temporal y parcialmente las competencias del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en las 221 municipalidades del país. Con esta medida se fijó un alza de 10 centavos. (JCER)
Nuevos contratos
° El incremento de la tarifa de transporte público obliga a las compañías y cooperativas de transporte y al Municipio a firmar nuevos contratos, confirmaron Yunda y Abad.
Agregaron que la suscripción de nuevos acuerdos dependerá de que el Concejo Metropolitano apruebe en los próximos meses un proyecto de ordenanza de la Secretaría de Movilidad en el que se establecerán 42 parámetros de calidad, seguridad y eficiencia.
Sanciones por “boicot” del transporte público se preparan en contra de siete de 250 empresas privadas de transporte que dejaron sin servicio público a la ciudad de manera intencional, informaron ayer el alcalde, Jorge Yunda; y el secretario de Movilidad, Guillermo Abad.
Los nombres de las operadoras involucradas no se dieron a conocer, pero ambas autoridades aseguraron que se ha verificado que incurrieron en causales para multas económicas, intervención del Municipio o la revocatoria de sus contratos por suspensión injustificada del servicio, maltratos a usuarios o alzas no autorizadas.
Los procesos administrativos están cargo de la Secretaría de Movilidad y durarían dos meses. Los transportistas investigados podrán presentar sus pruebas de descargo.
“En realidad los procesos se realizan a todas las operadoras, porque antes que salga primera resolución de la ANT (Agencia Nacional de Tránsito) sobre las tarifas no salieron a trabajar, no prestaron el servicio y, consecuentemente, no había ningún tipo de justificativo para incrementar las tarifa y hubo casos en que así lo hicieron”, dijo Abad.
En los informes de fiscalización de la Secretaría de Movilidad constan pruebas audiovisuales y documentales en las que se ha identificado “operadoras que salían por falta de garantías y en otros casos, porque no quisieron hacerlo, porque boicotearon la ciudad”, agregó.
Reacciones
Dos de los principales dirigentes de la transportación pública como Ney Jiménez de las cinco operadoras del Corredor Central Norte y Jorge Yánez de las 10 empresas de los corredores nororiental y suroriental se desmarcaron de cualquier boicot.
Jiménez sostuvo que aunque con mejores unidades y de forma intermitente por bloqueos en las vías, sí salieron a cubrir la ruta La Ofelia-Marín. Yánez manifestó que fue “imposible salir a trabajar con las unidades alimentadoras por el riesgo en las vías”. Ambos pidieron que se garantice escolta y vigilancia militar para reestablecer por completo el servicio a partir de hoy.
Nueva tarifa
El pasaje de 35 centavos en la zona urbana, que rige desde ayer, se aplicó mediante la resolución N° 081 de la ANT, por la cual el Gobierno Nacional asumió temporal y parcialmente las competencias del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en las 221 municipalidades del país. Con esta medida se fijó un alza de 10 centavos. (JCER)
Nuevos contratos
° El incremento de la tarifa de transporte público obliga a las compañías y cooperativas de transporte y al Municipio a firmar nuevos contratos, confirmaron Yunda y Abad.
Agregaron que la suscripción de nuevos acuerdos dependerá de que el Concejo Metropolitano apruebe en los próximos meses un proyecto de ordenanza de la Secretaría de Movilidad en el que se establecerán 42 parámetros de calidad, seguridad y eficiencia.
Sanciones por “boicot” del transporte público se preparan en contra de siete de 250 empresas privadas de transporte que dejaron sin servicio público a la ciudad de manera intencional, informaron ayer el alcalde, Jorge Yunda; y el secretario de Movilidad, Guillermo Abad.
Los nombres de las operadoras involucradas no se dieron a conocer, pero ambas autoridades aseguraron que se ha verificado que incurrieron en causales para multas económicas, intervención del Municipio o la revocatoria de sus contratos por suspensión injustificada del servicio, maltratos a usuarios o alzas no autorizadas.
Los procesos administrativos están cargo de la Secretaría de Movilidad y durarían dos meses. Los transportistas investigados podrán presentar sus pruebas de descargo.
“En realidad los procesos se realizan a todas las operadoras, porque antes que salga primera resolución de la ANT (Agencia Nacional de Tránsito) sobre las tarifas no salieron a trabajar, no prestaron el servicio y, consecuentemente, no había ningún tipo de justificativo para incrementar las tarifa y hubo casos en que así lo hicieron”, dijo Abad.
En los informes de fiscalización de la Secretaría de Movilidad constan pruebas audiovisuales y documentales en las que se ha identificado “operadoras que salían por falta de garantías y en otros casos, porque no quisieron hacerlo, porque boicotearon la ciudad”, agregó.
Reacciones
Dos de los principales dirigentes de la transportación pública como Ney Jiménez de las cinco operadoras del Corredor Central Norte y Jorge Yánez de las 10 empresas de los corredores nororiental y suroriental se desmarcaron de cualquier boicot.
Jiménez sostuvo que aunque con mejores unidades y de forma intermitente por bloqueos en las vías, sí salieron a cubrir la ruta La Ofelia-Marín. Yánez manifestó que fue “imposible salir a trabajar con las unidades alimentadoras por el riesgo en las vías”. Ambos pidieron que se garantice escolta y vigilancia militar para reestablecer por completo el servicio a partir de hoy.
Nueva tarifa
El pasaje de 35 centavos en la zona urbana, que rige desde ayer, se aplicó mediante la resolución N° 081 de la ANT, por la cual el Gobierno Nacional asumió temporal y parcialmente las competencias del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en las 221 municipalidades del país. Con esta medida se fijó un alza de 10 centavos. (JCER)
Nuevos contratos
° El incremento de la tarifa de transporte público obliga a las compañías y cooperativas de transporte y al Municipio a firmar nuevos contratos, confirmaron Yunda y Abad.
Agregaron que la suscripción de nuevos acuerdos dependerá de que el Concejo Metropolitano apruebe en los próximos meses un proyecto de ordenanza de la Secretaría de Movilidad en el que se establecerán 42 parámetros de calidad, seguridad y eficiencia.