Segundo llamado a juicio para extitular de la Senain

AUDIENCIA. La diligencia se dio ayer en la Corte Nacional de Justicia.
AUDIENCIA. La diligencia se dio ayer en la Corte Nacional de Justicia.
AUDIENCIA. La diligencia se dio ayer en la Corte Nacional de Justicia.
AUDIENCIA. La diligencia se dio ayer en la Corte Nacional de Justicia.
AUDIENCIA. La diligencia se dio ayer en la Corte Nacional de Justicia.
AUDIENCIA. La diligencia se dio ayer en la Corte Nacional de Justicia.
AUDIENCIA. La diligencia se dio ayer en la Corte Nacional de Justicia.
AUDIENCIA. La diligencia se dio ayer en la Corte Nacional de Justicia.

El exsecretario nacional de Inteligencia, Pablo Romero, enfrenta desde ayer su segundo llamado a juicio, esta vez, en calidad de autor por el delito de peculado.

El juez nacional, Richard Villagómez, dictó el auto de llamamiento a juicio en su contra y de cuatro exfuncionarios más de esa institución. En la misma calidad son procesados Fernando Garzón, Cecilia Santillán y Juan de Dios Lozano, mientras que Walter Olalla fue considerado como cómplice de esa acción penal que se sigue por el denominada ‘Operación Caminito’, en la que aparentemente se habrían mal utilizado fondos públicos, según la teoría fiscal.
Esta intervención, aparentemente, se la realizó para dar con supuestos ‘hackers’ relacionados con la vulneración de cuentas de la Presidencia, Vicepresidencia y otros funcionarios del Estado.

En su primer llamamiento a juicio, Romero es procesado por el plagio al político, Fernando Balda, en el que también está involucrado el expresidente, Rafael Correa.

El extitular de la Senain está en España y figura como prófugo de la justicia. Además, sobre él pesa una solicitud de extradición.

Al finalizar la audiencia, Stalin Oviedo, abogado de Romero aplaudió que el juez no haya considerado como prueba documental el informe de responsabilidad penal de Contraloría.

Agregó que no existen suficientes elementos de convicción que lleven a determinar responsabilidades de su defendido en el caso. (FLC)

El exsecretario nacional de Inteligencia, Pablo Romero, enfrenta desde ayer su segundo llamado a juicio, esta vez, en calidad de autor por el delito de peculado.

El juez nacional, Richard Villagómez, dictó el auto de llamamiento a juicio en su contra y de cuatro exfuncionarios más de esa institución. En la misma calidad son procesados Fernando Garzón, Cecilia Santillán y Juan de Dios Lozano, mientras que Walter Olalla fue considerado como cómplice de esa acción penal que se sigue por el denominada ‘Operación Caminito’, en la que aparentemente se habrían mal utilizado fondos públicos, según la teoría fiscal.
Esta intervención, aparentemente, se la realizó para dar con supuestos ‘hackers’ relacionados con la vulneración de cuentas de la Presidencia, Vicepresidencia y otros funcionarios del Estado.

En su primer llamamiento a juicio, Romero es procesado por el plagio al político, Fernando Balda, en el que también está involucrado el expresidente, Rafael Correa.

El extitular de la Senain está en España y figura como prófugo de la justicia. Además, sobre él pesa una solicitud de extradición.

Al finalizar la audiencia, Stalin Oviedo, abogado de Romero aplaudió que el juez no haya considerado como prueba documental el informe de responsabilidad penal de Contraloría.

Agregó que no existen suficientes elementos de convicción que lleven a determinar responsabilidades de su defendido en el caso. (FLC)

El exsecretario nacional de Inteligencia, Pablo Romero, enfrenta desde ayer su segundo llamado a juicio, esta vez, en calidad de autor por el delito de peculado.

El juez nacional, Richard Villagómez, dictó el auto de llamamiento a juicio en su contra y de cuatro exfuncionarios más de esa institución. En la misma calidad son procesados Fernando Garzón, Cecilia Santillán y Juan de Dios Lozano, mientras que Walter Olalla fue considerado como cómplice de esa acción penal que se sigue por el denominada ‘Operación Caminito’, en la que aparentemente se habrían mal utilizado fondos públicos, según la teoría fiscal.
Esta intervención, aparentemente, se la realizó para dar con supuestos ‘hackers’ relacionados con la vulneración de cuentas de la Presidencia, Vicepresidencia y otros funcionarios del Estado.

En su primer llamamiento a juicio, Romero es procesado por el plagio al político, Fernando Balda, en el que también está involucrado el expresidente, Rafael Correa.

El extitular de la Senain está en España y figura como prófugo de la justicia. Además, sobre él pesa una solicitud de extradición.

Al finalizar la audiencia, Stalin Oviedo, abogado de Romero aplaudió que el juez no haya considerado como prueba documental el informe de responsabilidad penal de Contraloría.

Agregó que no existen suficientes elementos de convicción que lleven a determinar responsabilidades de su defendido en el caso. (FLC)

El exsecretario nacional de Inteligencia, Pablo Romero, enfrenta desde ayer su segundo llamado a juicio, esta vez, en calidad de autor por el delito de peculado.

El juez nacional, Richard Villagómez, dictó el auto de llamamiento a juicio en su contra y de cuatro exfuncionarios más de esa institución. En la misma calidad son procesados Fernando Garzón, Cecilia Santillán y Juan de Dios Lozano, mientras que Walter Olalla fue considerado como cómplice de esa acción penal que se sigue por el denominada ‘Operación Caminito’, en la que aparentemente se habrían mal utilizado fondos públicos, según la teoría fiscal.
Esta intervención, aparentemente, se la realizó para dar con supuestos ‘hackers’ relacionados con la vulneración de cuentas de la Presidencia, Vicepresidencia y otros funcionarios del Estado.

En su primer llamamiento a juicio, Romero es procesado por el plagio al político, Fernando Balda, en el que también está involucrado el expresidente, Rafael Correa.

El extitular de la Senain está en España y figura como prófugo de la justicia. Además, sobre él pesa una solicitud de extradición.

Al finalizar la audiencia, Stalin Oviedo, abogado de Romero aplaudió que el juez no haya considerado como prueba documental el informe de responsabilidad penal de Contraloría.

Agregó que no existen suficientes elementos de convicción que lleven a determinar responsabilidades de su defendido en el caso. (FLC)