Quito, ¿más cerca de una movilidad eléctrica?

TRANSPORTE. Actualmente, en la ciudad circulan unidades eléctricas en estado de prueba.
TRANSPORTE. Actualmente, en la ciudad circulan unidades eléctricas en estado de prueba.
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TRANSPORTE. Actualmente, en la ciudad circulan unidades eléctricas en estado de prueba.
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TRANSPORTE. Actualmente, en la ciudad circulan unidades eléctricas en estado de prueba.

Día tras día, más de 400 mil vehículos salen a las calles de la ciudad, movidos por sistemas de combustión. Cada uno, a su paso, deja gases resultantes de los procesos químicos que los permiten movilizarse, algunos dañinos para la salud.

Fabián Espinoza, director del Centro de Investigación de Emisiones Vehiculares (Ccicev) de la Escuela Politécnica Nacional, explica que este sector es uno de los que más contribuye a la emisión de gases contaminantes. Esto, debido a que el 80% de la nube de humo negro que contamina la ciudad es emitida por 3.400 unidades de transporte.

Una de las iniciativas que busca luchar contra esa contaminación se ha propuesto en la Ley Orgánica de Eficiencia Energética. Esta dicta que, en el país, se debe organizar una transición al transporte eléctrico hasta 2025. Esto, mientras el Concejo Metropolitano debate ordenanzas que permitan generar una transición adecuada para 2050.

En Quito, ya hay unidades eléctricas que se prueban y realizan recorridos en el Corredor Central Norte y en la cooperativa Águila Dorada. Estas son las pioneras de una posible transición completa.

Nuevos pasos
Eduardo del Pozo, concejal y vocal de la Comisión de Movilidad, explica que la capital trabaja en un proceso de limpieza de energías contaminantes. “Recientemente, aprobamos un crédito que permitirá la compra de más de 50 unidades biarticuladas eléctricas para que circulen en la ciudad”, indicó.

Las pruebas realizadas en unidades eléctricas con respecto a la topografía, la altitud, las pendientes y la temperatura de Quito, según Del Pozo, han sido exitosas. Además, la Comisión de Ambiente elabora un borrador de ordenanza de descarbonización de la ciudad; el cual “plantea una transición hasta el 2050”, agregó.

Del Pozo explica que, así como se reforzará el Sistema Metropolitano de Transporte, también desde el Municipio se gestionarán incentivos que permitan al sector privado cumplir con esta transición.

Taxismo
Carlos Brunis, dirigente de la Unión de Taxistas de Quito, por su parte, manifestó que hace dos años mantuvieron una reunión con el Municipio sobre estas iniciativas, donde expusieron las situaciones conflictivas para ellos.

“Tenemos un claro ejemplo de lo ocurrido en Loja. Allí nuestros compañeros cambiaron a vehículos eléctricos y fue un problema. No había repuestos, mantenimiento y todo es más caro”, dijo.

Otra preocupación es la incertidumbre sobre qué pasará con el vehículo una vez cumplida la vida útil. “Hay compañeros que tienen vehículos que cumplieron su vida útil y ahora no pueden renovarlos porque no tienen capacidad económica. Eso será peor con vehículos más costosos”, agregó. Brunis recalcó que esperan una propuesta clara y ser tomados en cuenta en este tipo de decisiones.

Normativa
Para Espinoza, la movilidad eléctrica “debe ser el futuro en Quito”. Sin embargo, destaca que hay que tomar en cuenta factores clave como la eficiencia energética y la normativa, por lo cual se debe analizar desde la forma como se comercializan los vehículos.

EL DATO
La Ley Orgánica de Eficiencia Energética establece que a partir de 2025 “todos los vehículos que se incorporen al transporte público urbano deberán ser de medio motriz eléctrico”.Por ejemplo, señaló, si una persona compra un vehículo a combustión por 120 mil o 130 mil dólares, con 22 años de vida útil, podría pagar en cuotas, para después ser vendida a ciudades más pequeñas. Así, en Quito entrarían nuevas unidades, dijo.

Para él, el problema surge porque una unidad de transporte eléctrico podría costar alrededor de 340 mil dólares. “¿Con la tarifa actual del pasaje, el modelo seguirá siendo sostenible? ¿Qué pasará cuando se termine su vida útil, podrá venderla o las baterías ya no servirán?”, cuestiona.

Además, explica que desde la banca pública se deben otorgar créditos para adquirir estos vehículos, pero “de una manera responsable”. “Se necesita probar que el vehículo, como mínimo, cumpla lo establecido en la ficha técnica en nuestra ciudad, con nuestro entorno”.

Esto, debería ir de la mano con una normativa rigurosa sobre los vehículos eléctricos que llegan al país. “Nadie se ha preocupado de verificar que los ‘scooters’, motos o autos eléctricos que entran pasen por una revisión física y documental. Actualmente, no hay control sobre eficiencia energética, lo que permitiría a un vehículo entrar al país como nuevo, con una batería de hace 10 años. Así solo estamos comprando chatarra electrónica”, finalizó. (ECV)

Día tras día, más de 400 mil vehículos salen a las calles de la ciudad, movidos por sistemas de combustión. Cada uno, a su paso, deja gases resultantes de los procesos químicos que los permiten movilizarse, algunos dañinos para la salud.

Fabián Espinoza, director del Centro de Investigación de Emisiones Vehiculares (Ccicev) de la Escuela Politécnica Nacional, explica que este sector es uno de los que más contribuye a la emisión de gases contaminantes. Esto, debido a que el 80% de la nube de humo negro que contamina la ciudad es emitida por 3.400 unidades de transporte.

Una de las iniciativas que busca luchar contra esa contaminación se ha propuesto en la Ley Orgánica de Eficiencia Energética. Esta dicta que, en el país, se debe organizar una transición al transporte eléctrico hasta 2025. Esto, mientras el Concejo Metropolitano debate ordenanzas que permitan generar una transición adecuada para 2050.

En Quito, ya hay unidades eléctricas que se prueban y realizan recorridos en el Corredor Central Norte y en la cooperativa Águila Dorada. Estas son las pioneras de una posible transición completa.

Nuevos pasos
Eduardo del Pozo, concejal y vocal de la Comisión de Movilidad, explica que la capital trabaja en un proceso de limpieza de energías contaminantes. “Recientemente, aprobamos un crédito que permitirá la compra de más de 50 unidades biarticuladas eléctricas para que circulen en la ciudad”, indicó.

Las pruebas realizadas en unidades eléctricas con respecto a la topografía, la altitud, las pendientes y la temperatura de Quito, según Del Pozo, han sido exitosas. Además, la Comisión de Ambiente elabora un borrador de ordenanza de descarbonización de la ciudad; el cual “plantea una transición hasta el 2050”, agregó.

Del Pozo explica que, así como se reforzará el Sistema Metropolitano de Transporte, también desde el Municipio se gestionarán incentivos que permitan al sector privado cumplir con esta transición.

Taxismo
Carlos Brunis, dirigente de la Unión de Taxistas de Quito, por su parte, manifestó que hace dos años mantuvieron una reunión con el Municipio sobre estas iniciativas, donde expusieron las situaciones conflictivas para ellos.

“Tenemos un claro ejemplo de lo ocurrido en Loja. Allí nuestros compañeros cambiaron a vehículos eléctricos y fue un problema. No había repuestos, mantenimiento y todo es más caro”, dijo.

Otra preocupación es la incertidumbre sobre qué pasará con el vehículo una vez cumplida la vida útil. “Hay compañeros que tienen vehículos que cumplieron su vida útil y ahora no pueden renovarlos porque no tienen capacidad económica. Eso será peor con vehículos más costosos”, agregó. Brunis recalcó que esperan una propuesta clara y ser tomados en cuenta en este tipo de decisiones.

Normativa
Para Espinoza, la movilidad eléctrica “debe ser el futuro en Quito”. Sin embargo, destaca que hay que tomar en cuenta factores clave como la eficiencia energética y la normativa, por lo cual se debe analizar desde la forma como se comercializan los vehículos.

EL DATO
La Ley Orgánica de Eficiencia Energética establece que a partir de 2025 “todos los vehículos que se incorporen al transporte público urbano deberán ser de medio motriz eléctrico”.Por ejemplo, señaló, si una persona compra un vehículo a combustión por 120 mil o 130 mil dólares, con 22 años de vida útil, podría pagar en cuotas, para después ser vendida a ciudades más pequeñas. Así, en Quito entrarían nuevas unidades, dijo.

Para él, el problema surge porque una unidad de transporte eléctrico podría costar alrededor de 340 mil dólares. “¿Con la tarifa actual del pasaje, el modelo seguirá siendo sostenible? ¿Qué pasará cuando se termine su vida útil, podrá venderla o las baterías ya no servirán?”, cuestiona.

Además, explica que desde la banca pública se deben otorgar créditos para adquirir estos vehículos, pero “de una manera responsable”. “Se necesita probar que el vehículo, como mínimo, cumpla lo establecido en la ficha técnica en nuestra ciudad, con nuestro entorno”.

Esto, debería ir de la mano con una normativa rigurosa sobre los vehículos eléctricos que llegan al país. “Nadie se ha preocupado de verificar que los ‘scooters’, motos o autos eléctricos que entran pasen por una revisión física y documental. Actualmente, no hay control sobre eficiencia energética, lo que permitiría a un vehículo entrar al país como nuevo, con una batería de hace 10 años. Así solo estamos comprando chatarra electrónica”, finalizó. (ECV)

Día tras día, más de 400 mil vehículos salen a las calles de la ciudad, movidos por sistemas de combustión. Cada uno, a su paso, deja gases resultantes de los procesos químicos que los permiten movilizarse, algunos dañinos para la salud.

Fabián Espinoza, director del Centro de Investigación de Emisiones Vehiculares (Ccicev) de la Escuela Politécnica Nacional, explica que este sector es uno de los que más contribuye a la emisión de gases contaminantes. Esto, debido a que el 80% de la nube de humo negro que contamina la ciudad es emitida por 3.400 unidades de transporte.

Una de las iniciativas que busca luchar contra esa contaminación se ha propuesto en la Ley Orgánica de Eficiencia Energética. Esta dicta que, en el país, se debe organizar una transición al transporte eléctrico hasta 2025. Esto, mientras el Concejo Metropolitano debate ordenanzas que permitan generar una transición adecuada para 2050.

En Quito, ya hay unidades eléctricas que se prueban y realizan recorridos en el Corredor Central Norte y en la cooperativa Águila Dorada. Estas son las pioneras de una posible transición completa.

Nuevos pasos
Eduardo del Pozo, concejal y vocal de la Comisión de Movilidad, explica que la capital trabaja en un proceso de limpieza de energías contaminantes. “Recientemente, aprobamos un crédito que permitirá la compra de más de 50 unidades biarticuladas eléctricas para que circulen en la ciudad”, indicó.

Las pruebas realizadas en unidades eléctricas con respecto a la topografía, la altitud, las pendientes y la temperatura de Quito, según Del Pozo, han sido exitosas. Además, la Comisión de Ambiente elabora un borrador de ordenanza de descarbonización de la ciudad; el cual “plantea una transición hasta el 2050”, agregó.

Del Pozo explica que, así como se reforzará el Sistema Metropolitano de Transporte, también desde el Municipio se gestionarán incentivos que permitan al sector privado cumplir con esta transición.

Taxismo
Carlos Brunis, dirigente de la Unión de Taxistas de Quito, por su parte, manifestó que hace dos años mantuvieron una reunión con el Municipio sobre estas iniciativas, donde expusieron las situaciones conflictivas para ellos.

“Tenemos un claro ejemplo de lo ocurrido en Loja. Allí nuestros compañeros cambiaron a vehículos eléctricos y fue un problema. No había repuestos, mantenimiento y todo es más caro”, dijo.

Otra preocupación es la incertidumbre sobre qué pasará con el vehículo una vez cumplida la vida útil. “Hay compañeros que tienen vehículos que cumplieron su vida útil y ahora no pueden renovarlos porque no tienen capacidad económica. Eso será peor con vehículos más costosos”, agregó. Brunis recalcó que esperan una propuesta clara y ser tomados en cuenta en este tipo de decisiones.

Normativa
Para Espinoza, la movilidad eléctrica “debe ser el futuro en Quito”. Sin embargo, destaca que hay que tomar en cuenta factores clave como la eficiencia energética y la normativa, por lo cual se debe analizar desde la forma como se comercializan los vehículos.

EL DATO
La Ley Orgánica de Eficiencia Energética establece que a partir de 2025 “todos los vehículos que se incorporen al transporte público urbano deberán ser de medio motriz eléctrico”.Por ejemplo, señaló, si una persona compra un vehículo a combustión por 120 mil o 130 mil dólares, con 22 años de vida útil, podría pagar en cuotas, para después ser vendida a ciudades más pequeñas. Así, en Quito entrarían nuevas unidades, dijo.

Para él, el problema surge porque una unidad de transporte eléctrico podría costar alrededor de 340 mil dólares. “¿Con la tarifa actual del pasaje, el modelo seguirá siendo sostenible? ¿Qué pasará cuando se termine su vida útil, podrá venderla o las baterías ya no servirán?”, cuestiona.

Además, explica que desde la banca pública se deben otorgar créditos para adquirir estos vehículos, pero “de una manera responsable”. “Se necesita probar que el vehículo, como mínimo, cumpla lo establecido en la ficha técnica en nuestra ciudad, con nuestro entorno”.

Esto, debería ir de la mano con una normativa rigurosa sobre los vehículos eléctricos que llegan al país. “Nadie se ha preocupado de verificar que los ‘scooters’, motos o autos eléctricos que entran pasen por una revisión física y documental. Actualmente, no hay control sobre eficiencia energética, lo que permitiría a un vehículo entrar al país como nuevo, con una batería de hace 10 años. Así solo estamos comprando chatarra electrónica”, finalizó. (ECV)

Día tras día, más de 400 mil vehículos salen a las calles de la ciudad, movidos por sistemas de combustión. Cada uno, a su paso, deja gases resultantes de los procesos químicos que los permiten movilizarse, algunos dañinos para la salud.

Fabián Espinoza, director del Centro de Investigación de Emisiones Vehiculares (Ccicev) de la Escuela Politécnica Nacional, explica que este sector es uno de los que más contribuye a la emisión de gases contaminantes. Esto, debido a que el 80% de la nube de humo negro que contamina la ciudad es emitida por 3.400 unidades de transporte.

Una de las iniciativas que busca luchar contra esa contaminación se ha propuesto en la Ley Orgánica de Eficiencia Energética. Esta dicta que, en el país, se debe organizar una transición al transporte eléctrico hasta 2025. Esto, mientras el Concejo Metropolitano debate ordenanzas que permitan generar una transición adecuada para 2050.

En Quito, ya hay unidades eléctricas que se prueban y realizan recorridos en el Corredor Central Norte y en la cooperativa Águila Dorada. Estas son las pioneras de una posible transición completa.

Nuevos pasos
Eduardo del Pozo, concejal y vocal de la Comisión de Movilidad, explica que la capital trabaja en un proceso de limpieza de energías contaminantes. “Recientemente, aprobamos un crédito que permitirá la compra de más de 50 unidades biarticuladas eléctricas para que circulen en la ciudad”, indicó.

Las pruebas realizadas en unidades eléctricas con respecto a la topografía, la altitud, las pendientes y la temperatura de Quito, según Del Pozo, han sido exitosas. Además, la Comisión de Ambiente elabora un borrador de ordenanza de descarbonización de la ciudad; el cual “plantea una transición hasta el 2050”, agregó.

Del Pozo explica que, así como se reforzará el Sistema Metropolitano de Transporte, también desde el Municipio se gestionarán incentivos que permitan al sector privado cumplir con esta transición.

Taxismo
Carlos Brunis, dirigente de la Unión de Taxistas de Quito, por su parte, manifestó que hace dos años mantuvieron una reunión con el Municipio sobre estas iniciativas, donde expusieron las situaciones conflictivas para ellos.

“Tenemos un claro ejemplo de lo ocurrido en Loja. Allí nuestros compañeros cambiaron a vehículos eléctricos y fue un problema. No había repuestos, mantenimiento y todo es más caro”, dijo.

Otra preocupación es la incertidumbre sobre qué pasará con el vehículo una vez cumplida la vida útil. “Hay compañeros que tienen vehículos que cumplieron su vida útil y ahora no pueden renovarlos porque no tienen capacidad económica. Eso será peor con vehículos más costosos”, agregó. Brunis recalcó que esperan una propuesta clara y ser tomados en cuenta en este tipo de decisiones.

Normativa
Para Espinoza, la movilidad eléctrica “debe ser el futuro en Quito”. Sin embargo, destaca que hay que tomar en cuenta factores clave como la eficiencia energética y la normativa, por lo cual se debe analizar desde la forma como se comercializan los vehículos.

EL DATO
La Ley Orgánica de Eficiencia Energética establece que a partir de 2025 “todos los vehículos que se incorporen al transporte público urbano deberán ser de medio motriz eléctrico”.Por ejemplo, señaló, si una persona compra un vehículo a combustión por 120 mil o 130 mil dólares, con 22 años de vida útil, podría pagar en cuotas, para después ser vendida a ciudades más pequeñas. Así, en Quito entrarían nuevas unidades, dijo.

Para él, el problema surge porque una unidad de transporte eléctrico podría costar alrededor de 340 mil dólares. “¿Con la tarifa actual del pasaje, el modelo seguirá siendo sostenible? ¿Qué pasará cuando se termine su vida útil, podrá venderla o las baterías ya no servirán?”, cuestiona.

Además, explica que desde la banca pública se deben otorgar créditos para adquirir estos vehículos, pero “de una manera responsable”. “Se necesita probar que el vehículo, como mínimo, cumpla lo establecido en la ficha técnica en nuestra ciudad, con nuestro entorno”.

Esto, debería ir de la mano con una normativa rigurosa sobre los vehículos eléctricos que llegan al país. “Nadie se ha preocupado de verificar que los ‘scooters’, motos o autos eléctricos que entran pasen por una revisión física y documental. Actualmente, no hay control sobre eficiencia energética, lo que permitiría a un vehículo entrar al país como nuevo, con una batería de hace 10 años. Así solo estamos comprando chatarra electrónica”, finalizó. (ECV)