La Asamblea cometió un error de técnica legislativa en las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), que a criterio de la Corte Constitucional (CC) es una deficiencia.
Los legisladores incluyeron una disposición transitoria a un artículo inexistente. Según el Manual de Técnica Legislativa de la Asamblea, vigente desde 2014, las disposiciones transitorias regulan la aplicación de un artículo, dando directrices a instituciones del Estado y un plazo.
En el caso de las reformas al COIP, los asambleístas dejaron por una equivocación de “buena fe”, según Ximena Peña, presidenta de la Comisión de Justicia, la disposición transitoria segunda.
El texto determinaba un plazo de 90 días al Consejo de la Judicatura y al Ministerio de Salud, para emitir la normativa que viabilizara la despenalización del aborto en cuatro causales. Pero el artículo 150, sobre el aborto no punible, nunca se reformó.
Otros casos
Esta no es la primera vez que se producen errores. En diciembre de 2018, durante la votación de las reformas a la Ley de Comunicación, se eliminó por equivocación el artículo que determinaba que la comunicación es un derecho y no un servicio público, a pesar de que existía el acuerdo para aprobarlo y que la Corte Constitucional lo había recomendado. Ahora se tramita un nuevo proyecto de ley para hacer el cambio.
Un poco antes, en julio de ese año, los legisladores aprobaron la Ley del Adulto Mayor, sin darse cuenta que en el texto se eliminaban dos normas tributarias. El problema fue que esa modificación no era legal, debido a que el Ejecutivo es el único facultado a modificar tributos y esa norma no era su propuesta. La Asamblea, finalmente, emitió una resolución, con una fe de erratas, para restituir las normas.
Los filtros
Cada Mesa Legislativa tiene un equipo de asesores. A ellos se suman los asesores de los asambleístas, los legisladores de cada comisión y el Pleno. El último filtro es el colegislador, el Ejecutivo, con su facultad de objetar un texto.
La Asamblea también cuenta con una Unidad Técnica Legislativa que, según la Ley Orgánica de la Función Legislativa debe “acompañar el proceso de creación de la norma y proveer a las comisiones especializadas y al Pleno de la Asamblea de un informe no vinculante”.
Ese informe debe incluir un análisis de las normas legales vigentes que se podrían ver afectadas, o que se deberían derogar o reformar con la entrada en vigencia de una nueva propuesta normativa. Igualmente, revisar que el proyecto no tenga un lenguaje discriminatorio e inclusive hacer una estimación del costo que podría provocar la implementación de una ley.
Falencias
Sin embargo, los legisladores reconocen que hay fallas en todos los niveles. Eliseo Azuero (BADI) sostiene que la Unidad Técnica Legislativa y los equipos de asesores “posiblemente no están haciendo de forma adecuada su trabajo, porque su labor es evitar que este tipo de sucesos dañen la imagen de la Asamblea”.
Él propone que en la Ley Orgánica de la Función Legislativa se disponga que los asambleístas tengan como asesor a un abogado.
Ángel Gende (BIN) es autocrítico, pues sostiene que en muchos casos los asambleístas no hacen una revisión exhaustiva de los proyectos. Además, cree que en el Pleno “se pierde mucho tiempo” en la lectura de los informes de los proyectos de ley, pudiendo hacer un análisis técnico-legislativo. (AGO)
Mi opinión en 30 segundos
Marcelo Espinel, Director Observatorio Legislativo
‘Este es un problema sistémico’
° Los errores de técnica legislativa y procedimiento parlamentario no han estado presentes solo en esta Asamblea. Es un problema que de manera sistémica existe en el Legislativo que no recae solamente en los asambleístas o asesores, sino en cómo institucionalmente está actualmente funcionando el órgano legislativo. En otros países se sugiere fortalecer el aparataje institucional implementando, por ejemplo, mecanismos de control cruzado en las unidades de técnica legislativa o realizando procesos de evaluación exante y expost de la aprobación de la norma.
La Asamblea cometió un error de técnica legislativa en las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), que a criterio de la Corte Constitucional (CC) es una deficiencia.
Los legisladores incluyeron una disposición transitoria a un artículo inexistente. Según el Manual de Técnica Legislativa de la Asamblea, vigente desde 2014, las disposiciones transitorias regulan la aplicación de un artículo, dando directrices a instituciones del Estado y un plazo.
En el caso de las reformas al COIP, los asambleístas dejaron por una equivocación de “buena fe”, según Ximena Peña, presidenta de la Comisión de Justicia, la disposición transitoria segunda.
El texto determinaba un plazo de 90 días al Consejo de la Judicatura y al Ministerio de Salud, para emitir la normativa que viabilizara la despenalización del aborto en cuatro causales. Pero el artículo 150, sobre el aborto no punible, nunca se reformó.
Otros casos
Esta no es la primera vez que se producen errores. En diciembre de 2018, durante la votación de las reformas a la Ley de Comunicación, se eliminó por equivocación el artículo que determinaba que la comunicación es un derecho y no un servicio público, a pesar de que existía el acuerdo para aprobarlo y que la Corte Constitucional lo había recomendado. Ahora se tramita un nuevo proyecto de ley para hacer el cambio.
Un poco antes, en julio de ese año, los legisladores aprobaron la Ley del Adulto Mayor, sin darse cuenta que en el texto se eliminaban dos normas tributarias. El problema fue que esa modificación no era legal, debido a que el Ejecutivo es el único facultado a modificar tributos y esa norma no era su propuesta. La Asamblea, finalmente, emitió una resolución, con una fe de erratas, para restituir las normas.
Los filtros
Cada Mesa Legislativa tiene un equipo de asesores. A ellos se suman los asesores de los asambleístas, los legisladores de cada comisión y el Pleno. El último filtro es el colegislador, el Ejecutivo, con su facultad de objetar un texto.
La Asamblea también cuenta con una Unidad Técnica Legislativa que, según la Ley Orgánica de la Función Legislativa debe “acompañar el proceso de creación de la norma y proveer a las comisiones especializadas y al Pleno de la Asamblea de un informe no vinculante”.
Ese informe debe incluir un análisis de las normas legales vigentes que se podrían ver afectadas, o que se deberían derogar o reformar con la entrada en vigencia de una nueva propuesta normativa. Igualmente, revisar que el proyecto no tenga un lenguaje discriminatorio e inclusive hacer una estimación del costo que podría provocar la implementación de una ley.
Falencias
Sin embargo, los legisladores reconocen que hay fallas en todos los niveles. Eliseo Azuero (BADI) sostiene que la Unidad Técnica Legislativa y los equipos de asesores “posiblemente no están haciendo de forma adecuada su trabajo, porque su labor es evitar que este tipo de sucesos dañen la imagen de la Asamblea”.
Él propone que en la Ley Orgánica de la Función Legislativa se disponga que los asambleístas tengan como asesor a un abogado.
Ángel Gende (BIN) es autocrítico, pues sostiene que en muchos casos los asambleístas no hacen una revisión exhaustiva de los proyectos. Además, cree que en el Pleno “se pierde mucho tiempo” en la lectura de los informes de los proyectos de ley, pudiendo hacer un análisis técnico-legislativo. (AGO)
Mi opinión en 30 segundos
Marcelo Espinel, Director Observatorio Legislativo
‘Este es un problema sistémico’
° Los errores de técnica legislativa y procedimiento parlamentario no han estado presentes solo en esta Asamblea. Es un problema que de manera sistémica existe en el Legislativo que no recae solamente en los asambleístas o asesores, sino en cómo institucionalmente está actualmente funcionando el órgano legislativo. En otros países se sugiere fortalecer el aparataje institucional implementando, por ejemplo, mecanismos de control cruzado en las unidades de técnica legislativa o realizando procesos de evaluación exante y expost de la aprobación de la norma.
La Asamblea cometió un error de técnica legislativa en las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), que a criterio de la Corte Constitucional (CC) es una deficiencia.
Los legisladores incluyeron una disposición transitoria a un artículo inexistente. Según el Manual de Técnica Legislativa de la Asamblea, vigente desde 2014, las disposiciones transitorias regulan la aplicación de un artículo, dando directrices a instituciones del Estado y un plazo.
En el caso de las reformas al COIP, los asambleístas dejaron por una equivocación de “buena fe”, según Ximena Peña, presidenta de la Comisión de Justicia, la disposición transitoria segunda.
El texto determinaba un plazo de 90 días al Consejo de la Judicatura y al Ministerio de Salud, para emitir la normativa que viabilizara la despenalización del aborto en cuatro causales. Pero el artículo 150, sobre el aborto no punible, nunca se reformó.
Otros casos
Esta no es la primera vez que se producen errores. En diciembre de 2018, durante la votación de las reformas a la Ley de Comunicación, se eliminó por equivocación el artículo que determinaba que la comunicación es un derecho y no un servicio público, a pesar de que existía el acuerdo para aprobarlo y que la Corte Constitucional lo había recomendado. Ahora se tramita un nuevo proyecto de ley para hacer el cambio.
Un poco antes, en julio de ese año, los legisladores aprobaron la Ley del Adulto Mayor, sin darse cuenta que en el texto se eliminaban dos normas tributarias. El problema fue que esa modificación no era legal, debido a que el Ejecutivo es el único facultado a modificar tributos y esa norma no era su propuesta. La Asamblea, finalmente, emitió una resolución, con una fe de erratas, para restituir las normas.
Los filtros
Cada Mesa Legislativa tiene un equipo de asesores. A ellos se suman los asesores de los asambleístas, los legisladores de cada comisión y el Pleno. El último filtro es el colegislador, el Ejecutivo, con su facultad de objetar un texto.
La Asamblea también cuenta con una Unidad Técnica Legislativa que, según la Ley Orgánica de la Función Legislativa debe “acompañar el proceso de creación de la norma y proveer a las comisiones especializadas y al Pleno de la Asamblea de un informe no vinculante”.
Ese informe debe incluir un análisis de las normas legales vigentes que se podrían ver afectadas, o que se deberían derogar o reformar con la entrada en vigencia de una nueva propuesta normativa. Igualmente, revisar que el proyecto no tenga un lenguaje discriminatorio e inclusive hacer una estimación del costo que podría provocar la implementación de una ley.
Falencias
Sin embargo, los legisladores reconocen que hay fallas en todos los niveles. Eliseo Azuero (BADI) sostiene que la Unidad Técnica Legislativa y los equipos de asesores “posiblemente no están haciendo de forma adecuada su trabajo, porque su labor es evitar que este tipo de sucesos dañen la imagen de la Asamblea”.
Él propone que en la Ley Orgánica de la Función Legislativa se disponga que los asambleístas tengan como asesor a un abogado.
Ángel Gende (BIN) es autocrítico, pues sostiene que en muchos casos los asambleístas no hacen una revisión exhaustiva de los proyectos. Además, cree que en el Pleno “se pierde mucho tiempo” en la lectura de los informes de los proyectos de ley, pudiendo hacer un análisis técnico-legislativo. (AGO)
Mi opinión en 30 segundos
Marcelo Espinel, Director Observatorio Legislativo
‘Este es un problema sistémico’
° Los errores de técnica legislativa y procedimiento parlamentario no han estado presentes solo en esta Asamblea. Es un problema que de manera sistémica existe en el Legislativo que no recae solamente en los asambleístas o asesores, sino en cómo institucionalmente está actualmente funcionando el órgano legislativo. En otros países se sugiere fortalecer el aparataje institucional implementando, por ejemplo, mecanismos de control cruzado en las unidades de técnica legislativa o realizando procesos de evaluación exante y expost de la aprobación de la norma.
La Asamblea cometió un error de técnica legislativa en las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), que a criterio de la Corte Constitucional (CC) es una deficiencia.
Los legisladores incluyeron una disposición transitoria a un artículo inexistente. Según el Manual de Técnica Legislativa de la Asamblea, vigente desde 2014, las disposiciones transitorias regulan la aplicación de un artículo, dando directrices a instituciones del Estado y un plazo.
En el caso de las reformas al COIP, los asambleístas dejaron por una equivocación de “buena fe”, según Ximena Peña, presidenta de la Comisión de Justicia, la disposición transitoria segunda.
El texto determinaba un plazo de 90 días al Consejo de la Judicatura y al Ministerio de Salud, para emitir la normativa que viabilizara la despenalización del aborto en cuatro causales. Pero el artículo 150, sobre el aborto no punible, nunca se reformó.
Otros casos
Esta no es la primera vez que se producen errores. En diciembre de 2018, durante la votación de las reformas a la Ley de Comunicación, se eliminó por equivocación el artículo que determinaba que la comunicación es un derecho y no un servicio público, a pesar de que existía el acuerdo para aprobarlo y que la Corte Constitucional lo había recomendado. Ahora se tramita un nuevo proyecto de ley para hacer el cambio.
Un poco antes, en julio de ese año, los legisladores aprobaron la Ley del Adulto Mayor, sin darse cuenta que en el texto se eliminaban dos normas tributarias. El problema fue que esa modificación no era legal, debido a que el Ejecutivo es el único facultado a modificar tributos y esa norma no era su propuesta. La Asamblea, finalmente, emitió una resolución, con una fe de erratas, para restituir las normas.
Los filtros
Cada Mesa Legislativa tiene un equipo de asesores. A ellos se suman los asesores de los asambleístas, los legisladores de cada comisión y el Pleno. El último filtro es el colegislador, el Ejecutivo, con su facultad de objetar un texto.
La Asamblea también cuenta con una Unidad Técnica Legislativa que, según la Ley Orgánica de la Función Legislativa debe “acompañar el proceso de creación de la norma y proveer a las comisiones especializadas y al Pleno de la Asamblea de un informe no vinculante”.
Ese informe debe incluir un análisis de las normas legales vigentes que se podrían ver afectadas, o que se deberían derogar o reformar con la entrada en vigencia de una nueva propuesta normativa. Igualmente, revisar que el proyecto no tenga un lenguaje discriminatorio e inclusive hacer una estimación del costo que podría provocar la implementación de una ley.
Falencias
Sin embargo, los legisladores reconocen que hay fallas en todos los niveles. Eliseo Azuero (BADI) sostiene que la Unidad Técnica Legislativa y los equipos de asesores “posiblemente no están haciendo de forma adecuada su trabajo, porque su labor es evitar que este tipo de sucesos dañen la imagen de la Asamblea”.
Él propone que en la Ley Orgánica de la Función Legislativa se disponga que los asambleístas tengan como asesor a un abogado.
Ángel Gende (BIN) es autocrítico, pues sostiene que en muchos casos los asambleístas no hacen una revisión exhaustiva de los proyectos. Además, cree que en el Pleno “se pierde mucho tiempo” en la lectura de los informes de los proyectos de ley, pudiendo hacer un análisis técnico-legislativo. (AGO)
Mi opinión en 30 segundos
Marcelo Espinel, Director Observatorio Legislativo
‘Este es un problema sistémico’
° Los errores de técnica legislativa y procedimiento parlamentario no han estado presentes solo en esta Asamblea. Es un problema que de manera sistémica existe en el Legislativo que no recae solamente en los asambleístas o asesores, sino en cómo institucionalmente está actualmente funcionando el órgano legislativo. En otros países se sugiere fortalecer el aparataje institucional implementando, por ejemplo, mecanismos de control cruzado en las unidades de técnica legislativa o realizando procesos de evaluación exante y expost de la aprobación de la norma.