Judicatura no aceptará impugnaciones por designación de conjueces

POSESIÓN. Los magistrados temporales fueron posesionados en el Consejo de la Judicatura este lunes. Asistieron autoridades judiciales.
POSESIÓN. Los magistrados temporales fueron posesionados en el Consejo de la Judicatura este lunes. Asistieron autoridades judiciales.
POSESIÓN. Los magistrados temporales fueron posesionados en el Consejo de la Judicatura este lunes. Asistieron autoridades judiciales.
POSESIÓN. Los magistrados temporales fueron posesionados en el Consejo de la Judicatura este lunes. Asistieron autoridades judiciales.
POSESIÓN. Los magistrados temporales fueron posesionados en el Consejo de la Judicatura este lunes. Asistieron autoridades judiciales.
POSESIÓN. Los magistrados temporales fueron posesionados en el Consejo de la Judicatura este lunes. Asistieron autoridades judiciales.
POSESIÓN. Los magistrados temporales fueron posesionados en el Consejo de la Judicatura este lunes. Asistieron autoridades judiciales.
POSESIÓN. Los magistrados temporales fueron posesionados en el Consejo de la Judicatura este lunes. Asistieron autoridades judiciales.

Que no existe posibilidad alguna de que se aplique una impugnación a la designación de los 26 conjueces temporales de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), es lo que informó el Consejo de la Judicatura (CJ) en un comunicado.

Explicó que, al tratarse de un encargo provisional, “el ordenamiento jurídico no prevé un recurso de este tipo para esta fase”. Estos funcionarios permanecerán hasta que el CJ oficialice la designación de los titulares, luego de pasar por concurso público. La institución anunció que este proceso lo iniciarán el próximo año y que duraría 10 meses.

Cuestionan probidad
Sin embargo, existen observaciones a la designación de los conjueces que, desde el pasado lunes, fueron posesionados en las Salas Especializadas del máximo organismo de Justicia ordinaria del país.

Óscar Ayerve, presidente de la Asociación Víctimas del 30-S, cuestionó a la Judicatura al bloquear cualquier posibilidad de impugnación. “No se acepta a pesar de que la Constitución, en el artículo 173, determina el derecho de los ciudadanos de impugnar actos administrativos que afecten la seguridad jurídica”, dijo. Además, puso en duda la probidad de varios funcionarios para impartir justicia.

“Hemos denunciado a varios jueces de la Corte Nacional que han sido ratificados, entre ellos Arturo Ojeda, Patricio Secaira, Hipatia Ortiz, Jaime Enríquez y a otros de los que acaban de ser nombrados”, dijo.

Ayerve también cuestionó el nombramiento de Dilza Muñoz, quien integra la Sala Penal.

“Participó en uno de los casos emblemáticos del 30-S por el supuesto intento de magnicidio”, agregó. En este caso se condenó a 12 años de prisión a seis policías.

‘Hay que examinar las denuncias’
Víctor Granda, quien fue parte del comité evaluador de los jueces, señaló que el CJ debería examinar las denuncias formuladas por las organizaciones, aunque dijo no conocer a profundidad los casos expuestos por Ayerve.

Sobre la probidad de los conjueces provinciales, el experto mencionó que Judicatura, durante el proceso de selección, debió analizar todos los antecedentes de los magistrados para garantizar su independencia y desempeño en la Corte Nacional. (FLC)

Que no existe posibilidad alguna de que se aplique una impugnación a la designación de los 26 conjueces temporales de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), es lo que informó el Consejo de la Judicatura (CJ) en un comunicado.

Explicó que, al tratarse de un encargo provisional, “el ordenamiento jurídico no prevé un recurso de este tipo para esta fase”. Estos funcionarios permanecerán hasta que el CJ oficialice la designación de los titulares, luego de pasar por concurso público. La institución anunció que este proceso lo iniciarán el próximo año y que duraría 10 meses.

Cuestionan probidad
Sin embargo, existen observaciones a la designación de los conjueces que, desde el pasado lunes, fueron posesionados en las Salas Especializadas del máximo organismo de Justicia ordinaria del país.

Óscar Ayerve, presidente de la Asociación Víctimas del 30-S, cuestionó a la Judicatura al bloquear cualquier posibilidad de impugnación. “No se acepta a pesar de que la Constitución, en el artículo 173, determina el derecho de los ciudadanos de impugnar actos administrativos que afecten la seguridad jurídica”, dijo. Además, puso en duda la probidad de varios funcionarios para impartir justicia.

“Hemos denunciado a varios jueces de la Corte Nacional que han sido ratificados, entre ellos Arturo Ojeda, Patricio Secaira, Hipatia Ortiz, Jaime Enríquez y a otros de los que acaban de ser nombrados”, dijo.

Ayerve también cuestionó el nombramiento de Dilza Muñoz, quien integra la Sala Penal.

“Participó en uno de los casos emblemáticos del 30-S por el supuesto intento de magnicidio”, agregó. En este caso se condenó a 12 años de prisión a seis policías.

‘Hay que examinar las denuncias’
Víctor Granda, quien fue parte del comité evaluador de los jueces, señaló que el CJ debería examinar las denuncias formuladas por las organizaciones, aunque dijo no conocer a profundidad los casos expuestos por Ayerve.

Sobre la probidad de los conjueces provinciales, el experto mencionó que Judicatura, durante el proceso de selección, debió analizar todos los antecedentes de los magistrados para garantizar su independencia y desempeño en la Corte Nacional. (FLC)

Que no existe posibilidad alguna de que se aplique una impugnación a la designación de los 26 conjueces temporales de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), es lo que informó el Consejo de la Judicatura (CJ) en un comunicado.

Explicó que, al tratarse de un encargo provisional, “el ordenamiento jurídico no prevé un recurso de este tipo para esta fase”. Estos funcionarios permanecerán hasta que el CJ oficialice la designación de los titulares, luego de pasar por concurso público. La institución anunció que este proceso lo iniciarán el próximo año y que duraría 10 meses.

Cuestionan probidad
Sin embargo, existen observaciones a la designación de los conjueces que, desde el pasado lunes, fueron posesionados en las Salas Especializadas del máximo organismo de Justicia ordinaria del país.

Óscar Ayerve, presidente de la Asociación Víctimas del 30-S, cuestionó a la Judicatura al bloquear cualquier posibilidad de impugnación. “No se acepta a pesar de que la Constitución, en el artículo 173, determina el derecho de los ciudadanos de impugnar actos administrativos que afecten la seguridad jurídica”, dijo. Además, puso en duda la probidad de varios funcionarios para impartir justicia.

“Hemos denunciado a varios jueces de la Corte Nacional que han sido ratificados, entre ellos Arturo Ojeda, Patricio Secaira, Hipatia Ortiz, Jaime Enríquez y a otros de los que acaban de ser nombrados”, dijo.

Ayerve también cuestionó el nombramiento de Dilza Muñoz, quien integra la Sala Penal.

“Participó en uno de los casos emblemáticos del 30-S por el supuesto intento de magnicidio”, agregó. En este caso se condenó a 12 años de prisión a seis policías.

‘Hay que examinar las denuncias’
Víctor Granda, quien fue parte del comité evaluador de los jueces, señaló que el CJ debería examinar las denuncias formuladas por las organizaciones, aunque dijo no conocer a profundidad los casos expuestos por Ayerve.

Sobre la probidad de los conjueces provinciales, el experto mencionó que Judicatura, durante el proceso de selección, debió analizar todos los antecedentes de los magistrados para garantizar su independencia y desempeño en la Corte Nacional. (FLC)

Que no existe posibilidad alguna de que se aplique una impugnación a la designación de los 26 conjueces temporales de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), es lo que informó el Consejo de la Judicatura (CJ) en un comunicado.

Explicó que, al tratarse de un encargo provisional, “el ordenamiento jurídico no prevé un recurso de este tipo para esta fase”. Estos funcionarios permanecerán hasta que el CJ oficialice la designación de los titulares, luego de pasar por concurso público. La institución anunció que este proceso lo iniciarán el próximo año y que duraría 10 meses.

Cuestionan probidad
Sin embargo, existen observaciones a la designación de los conjueces que, desde el pasado lunes, fueron posesionados en las Salas Especializadas del máximo organismo de Justicia ordinaria del país.

Óscar Ayerve, presidente de la Asociación Víctimas del 30-S, cuestionó a la Judicatura al bloquear cualquier posibilidad de impugnación. “No se acepta a pesar de que la Constitución, en el artículo 173, determina el derecho de los ciudadanos de impugnar actos administrativos que afecten la seguridad jurídica”, dijo. Además, puso en duda la probidad de varios funcionarios para impartir justicia.

“Hemos denunciado a varios jueces de la Corte Nacional que han sido ratificados, entre ellos Arturo Ojeda, Patricio Secaira, Hipatia Ortiz, Jaime Enríquez y a otros de los que acaban de ser nombrados”, dijo.

Ayerve también cuestionó el nombramiento de Dilza Muñoz, quien integra la Sala Penal.

“Participó en uno de los casos emblemáticos del 30-S por el supuesto intento de magnicidio”, agregó. En este caso se condenó a 12 años de prisión a seis policías.

‘Hay que examinar las denuncias’
Víctor Granda, quien fue parte del comité evaluador de los jueces, señaló que el CJ debería examinar las denuncias formuladas por las organizaciones, aunque dijo no conocer a profundidad los casos expuestos por Ayerve.

Sobre la probidad de los conjueces provinciales, el experto mencionó que Judicatura, durante el proceso de selección, debió analizar todos los antecedentes de los magistrados para garantizar su independencia y desempeño en la Corte Nacional. (FLC)