Las compras públicas en el sector textil no son transparentes ni competitivas

SECTOR. Textileros solicitan reformas a la normativa de compras públicas.
SECTOR. Textileros solicitan reformas a la normativa de compras públicas.

Javier Díaz, presidente ejecutivo de la Asociación de Industriales Textileros del Ecuador (AITE), afirmó que, lamentablemente, el sistema de compras públicas en el sector textil ha pasado a ser, en su mayoría, incontrolado, sin cumplimiento de normas de calidad y también con mucha corrupción.

“El catálogo dinámico inclusivo se ha prestado para eso. Estamos en el peor de los escenarios. Hay una compra pública que maneja volúmenes que no son pequeños, pero que están entregados a dedo”, denunció.

En total, los contratos de textiles con el Estado cada año llegan a $100 millones. De eso, el 50% ($50 millones) se adjudica sin ningún tipo de concurso, a artesanos incluidos en el catálogo dinámico inclusivo, relacionado a la Economía Popular y Solidaria. Todo esto dentro del programa ‘Hilando el Desarrollo’.

No se cumple la Ley
El problema radica a que no se ha hecho una depuración de ese catastro de proveedores, por lo que, de más de 6.000 calificados, solo 1.500 corresponden a confeccionista o productores textiles. O sea, no se verifica que los beneficiarios de un contrato tengan la capacidad para cumplir con los bienes ofertados y ni siquiera se cumple con el porcentaje del 40%, establecido en la Ley, de componente nacional en las confecciones de ropa.

EL DATO
Los principales compradores del sector público son los ministerios de Educación, Salud, Petroecuador y empresas eléctricas.“No se ha hecho la depuración que ofreció el Sistema Nacional de Contratación Pública (Sercop). Incluso se ha identificado casos de corrupción, donde hay vinculación de exfuncionarios con ciertos grupos asociativos”, acotó Díaz.

El 15% de los contratos, también sin competencia, van a proveer uniformes, gasas, curitas y otros textiles al Ministerio de Salud y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Finalmente, el 10%, donde se incluyen las adjudicaciones más grandes, a través del régimen especial, se lo lleva Fabril FAME, cuyo mayoritario accionista es la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa).

Así, solo el 15% restante queda para procesos competitivos, donde puedan participar más de un oferente. Esto, según Díaz, provoca que cada año se dejen de producir entre 25 a 30 millones de dólares en productos textiles producidos localmente para el sector público.

Petición
El pedido del sector es que se modifiquen tanto la Ley como el reglamento de Contratación Pública para solucionar las distorsiones y dar impulso a una actividad que, en 2019, tuvo una caída del 20% en sus ventas, y una reducción de más de 23 mil puestos de trabajo.

Otro gran problema de transparencia es que luego de las ferias inclusivas y la firma del convenio marco con el proveedor, no se puede acceder a la información de los contratos. (JS)