Miniconstitución es el calificativo con el que en semanas anteriores la administración de Jorge Yunda presentó un borrador de Estatuto Autonómico de Quito, una propuesta de Ley que permitiría al Municipio no solo reorganizarse, sino también asumir nuevas “competencias” o tareas que le corresponderían como el único Distrito Metropolitano del país.
Semejante tipo de cambios, de acuerdo con expertos consultados por La Hora, dependen en gran medida de que el propio estatuto no solo cumpla todos los actuales requisitos de la Constitución, especialmente en materia de financiación de unas alcaldías zonales, sino también de que regule la propia planificación del Municipio, en la que necesariamente se debe incluir la participación de la gente. Los análisis de estos temas. (JCER)
Planificación sin entidad rectora
° La “planificación territorial y uso de suelo”, es decir trazar los planos y áreas de la ciudad en los que se autoriza vivienda, industrias, comercios u otro tipo de actividades cotidianas es una de las principales “competencias” de los municipios. En el artículo 85 del borrador del Estatuto Autonómico se plantea que, en el caso de Quito, esa planificación garantice un “aprovechamiento racional del suelo”, regule el mercado del suelo y “la participación activa del vecindario en la elaboración y ejecución de los planes”.
Para el catedrático de Planificación Urbana Hernán Orbea, esta propuesta es muy general y no logra especificar ni articular en una sola entidad rectora los criterios de planificación que “están dispersos y con una abierta disputa entre la Secretaría de Territorio, con la parte técnico-política; el Instituto de Planificación Urbana, en lo estratégico; y la Secretaría de Planificación, que tiene la planificación económica, física, de productividad y social y cultural” .
10% a las alcaldías menores
° El principal cambio en la estructura y el funcionamiento del Municipio que propone el borrador es la creación de alcaldías y concejos zonales. Esto depende, en gran medida, no solo de los dineros en las arcas municipales, sino también de una norma que garantice la entrega oportuna de esos recursos.
Para que las alcaldías menores puedan crear consejos de seguridad, promover actividades culturales, autorizar espectáculos públicos, preservar el patrimonio, administrar servicios básicos en sus zonas, el proyecto de estatuto sugiere que se financien con “al menos el 10% del presupuesto distrital”.
El experto en Legislación de Gobiernos Locales y exsecretario del Concejo Metropolitano, Diego Cevallos, manifestó que esta propuesta es contraria al Código de Finanzas y Planificación y sobre todo a la Constitución, en cuyo artículo 298 se prohíbe de manera expresa la creación de nuevas preasignaciones. Estas tienen que ver con la entrega de recursos del Gobierno nacional a gobiernos locales y a los sectores de educación, salud, investigación, ciencia y tecnología.
6 derechos a participación
° Derechos de los habitantes de Quito a presentar un recurso legal de queja por incumplimiento de normas urbanísticas, a ser consultados previo a la realización de obras o decisiones municipales y conformar organizaciones barriales y a participar en otras para labores “de seguimiento y control” del trabajo del Municipio, plantea el capítulo de séptimo de la propuesta sobre “la participación de los vecinos”.
Para controlar al Municipio se propone que los vecinos realicen una convocatoria pública para conformar “corporaciones ciudadanas” con al menos 50 personas. Luego, podrán recibir información sobre el financiamiento, contratación, cronogramas, informes de fiscalización de obras municipales y “ejercer, a nombre de la comunidad, las acciones legales que correspondan en caso de irregularidades o incumplimientos”.
Según el presidente del Cabildo Cívico, Wilson Merino, “estos mecanismos de consulta previa son positivos pero no suficientes. No hay innovación y, en consecuencia, se deber ir más allá”. El representante recomendó tomar en cuenta modelos de participación que sí han dado resultados en otros países latinoamericanos en los que consejos consultivos con representantes de diferentes sectores han permitido no solo controlar el buen uso de los recursos, sino también tomar decisiones sobre obras que necesita la gente.