Emergencia: ¿caldo de cultivo para la corrupción?

El estado de emergencia sanitaria que vive el país puede llegar a convertirse en ‘caldo de cultivo’ de corrupción, si no se ejerce un debido control, manifestaron Germán Rodas, de la Comisión Nacional Anticorrupción; y David Rosero, consejero de Participación Ciudadana.

Hace pocos días, por denuncias ciudadanas, se frenó un proceso de adquisición de mascarillas por parte del IESS con presunto sobreprecio: a $12 cada una, cuando en el mercado hay quien las oferta en poco más de 3.

La Fiscalía informó que la mañana de ayer se realizaron allanamientos a las instalaciones de la Dirección General del IESS y a otros inmuebles en Quito y Cuenca dentro de la investigación a funcionarios de esa institución, por el presunto delito de peculado este caso.

225 procesos de contratación había hasta ayer.Rodas recordó que la Comisión, desde antes que se declarara la emergencia, recomendó que, para evitar actos de corrupción en el sistema de compras públicas, el Estado negocie directamente con los productores de material médico, medicinas y otros insumos.

Rosero apela a las veedurías y observatorios ciudadanos, al control social sobre cualquier entidad pública para evitar que se produzcan anomalías. Añadió que el propósito del Consejo es integrar una veeduría para que fiscalice todos los contratos que se firmen durante la emergencia.

Procesos de emergencia

Silvana Vallejo, directora del Sercop, explicó que el 19 de agosto cuando se declaró la emergencia sanitaria, se empezó a normar estos procesos de contratación a través de la resolución 104, que establece plazos de la declaratoria de emergencia, contrataciones, compras centralizadas, control en emergencias, entre otros aspectos.

“Antes no era necesario publicar los procesos de contratación pública. Ahora las entidades contratantes están obligadas a hacerlo”, dijo. Agregó que tener publicada la información esta se somete al control de las autoridades y al escrutinio público.

Hasta ayer en la tarde se habían publicado 686 resoluciones de emergencia por parte de todas las entidades del Estado y se encontraban en marcha 225 procesos de contratación pública.