Fiscalía tiene un déficit de 570 fiscales

INSTITUCIÓN. La Fiscalía General del Estado propuso ante la Asamblea Nacional una autonomía de sus funciones.
INSTITUCIÓN. La Fiscalía General del Estado propuso ante la Asamblea Nacional una autonomía de sus funciones.

La norma internacional habla de 8 agentes por cada 100.000 habitantes y la tasa que tiene el país es de 4.75.

Ecuador adolece de un faltante de agentes fiscales para investigar los delitos. Según datos de la Coordinación General de Recursos de la institución, el déficit de personal llega a 570, los que se requieren para alcanzar la tasa idónea de 8 fiscales por cada 100.000 habitantes, como lo establece el Centro de Estudios de Justicia para las Américas (CEJA) y que coincide con el Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021.

Mercy Guzmán, coordinadora general de Recursos de la Fiscalía, dijo que la entidad se defiende con un indicador de 4,75 fiscales por cada 100.000 habitantes, lo que se traduce en una excesiva carga laboral para los 831 funcionarios con los que cuenta la institución.

Según datos de la misma dependencia, desde 2014 hasta la fecha, se registran 1’321.779 noticias del delito ingresadas a las diferentes fiscalías a nivel nacional. Según Guzmán, toda esa carga se divide para los 831 fiscales, lo que da un total de 1.591 procesos para cada funcionario.

La funcionaria precisó que una óptima operación de la Fiscalía requiere de al menos 1.710 funcionarios, pues a los 570 habría que sumarle el mismo número de secretarios y auxiliares que conforman el equipo de despacho de cada operador de justicia.

Retraso en despachos

Franklin Bravo ejerce la abogacía desde el libre ejercicio. Mientras se desempeñó como fiscal de Pichincha cuenta que tenía que lidiar con una fuerte carga procesal. “El déficit provoca un trámite lento en las investigaciones de Fiscalía y no por la desidia de los funcionarios”, dijo.

Agregó que este exceso de trabajo también afecta al principio de celeridad que la normativa establece y que, incluso, en ocasiones un fiscal debe decidir qué causas investigar, de acuerdo a su relevancia, apelando al principio de mínima intervención penal, establecido en el artículo 195 de la Constitución.

Cada fiscal tiene un plazo de dos años para dar trámite a las denuncias que llegan a su despacho.El 3 de julio, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, expuso ante la Comisión Ocasional de Enmiendas Constitucionales de la Asamblea, sus argumentos para defender la autonomía de la entidad para que, entre otras cosas, pueda organizar sus propios concursos de selección de fiscales, trámite que actualmente le corresponde al Consejo de la Judicatura (CJ). “El crimen no baja, no da tregua, sin embargo, el nombramiento de fiscales sí está a la baja”, dijo.

Según la Carta Magna, el CJ no solo supervisa, sino que también ejerce acciones de control sobre la Fiscalía.

Sobre eso, el vocal de esa institución, Juan José Morillo, dijo que existen resoluciones de delegación emitidas para que la Fiscalía pueda llevar a cabo procesos de designación de personal administrativo. “Seguiremos apoyando para que la Fiscalía se maneje de manera autónoma. Ellos aprueban sus presupuestos ante el Ministerio de Finanzas”, aclaró. (FLC)

Presupuesto reducido

La coordinadora de Recursos de la Fiscalía, Mercy Guzmán, informó que la institución vio reducida su asignación presupuestaria en 5’367.080 de dólares para este año, en que recibió del Estado 127’425.056 para el pago de remuneraciones, con relación al 2019, cuando se le entregó 132’792.136.

La funcionaria precisó que para contratar al personal adicional para fiscales y su equipo técnico, la institución requiere alrededor de 53’000.000 adicionales.