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Gobierno Ecuatoriano implementa herramienta para análisis de delitos ambientales

OCT, 23, 2020 |

En los últimos años, la pesca ilegal, tala de árboles, incendios y tráfico de animales son temas constantes en la coyuntura nacional.

Con este nuevo sistema se realizará un análisis de los posibles medios y medidas para proteger la vida silvestre.

El Ministerio de Ambiente y Agua (MAE) presentó la herramienta para el Análisis de los Delitos contra la Vida Silvestre y los Bosques, con el objetivo de establecer políticas claras que protejan al ecosistema. Ecuador sería uno de los primeros países de Sudamérica en la aplicación de este método.

El proyecto fortalecerá la gestión del Estado ecuatoriano en temas de delitos ambientales y creará estrategias para combatir las amenazas  que el tráfico de especies de flora y fauna silvestre supone para la naturaleza y la biodiversidad en el planeta.

“La finalidad de estas herramientas es brindar una guía completa para analizar las respuestas administrativas, preventivas y de la justicia penal a los delitos relacionados con la vida silvestre y los bosques”, manifestó la cartera de estado.

Este documento estará dirigida a funcionarios gubernamentales de las áreas administrativas del medio ambiente, así como, aduana y otros organismos encargados de la aplicación de la ley, para que identifiquen las necesidades de asistencia técnica requeridas para el control de los delitos.

Respaldo de la ONU

La herramienta para el análisis de crímenes ambientales tiene el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para Perú y Ecuador (UNODC), por ello, los servidores del Ministerio de Ambiente participaron en talleres y tuvieron un acercamiento con funcionarios internacionales.

“Ecuador va a ser unos de los primeros países en Sudamérica donde se va a trabajar con asistencia técnica y asesoría jurídica para que puedan ser unos expertos en la gestión de análisis de estos de este tema”, dijo Jorge Ríos, jefe del Programa Global para Combatir Delitos de Vida Silvestre y Bosques.

Faltas contra la naturaleza

Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), Ecuador establece cuatro tipos de delitos contra la naturaleza: invasión de áreas de importancia biológica, incendios forestales, faltas contra la flora y fauna silvestres como el trafico o caza de animales en peligro de extinción, así mismo, crímenes contra los recursos del patrimonio genético nacional.

Durante este 2020 las Áreas de Asesoría Jurídica provinciales del MAE han registrado 36 alertas ciudadanas que incluyen rescates de fauna silvestre y 4 denuncias efectivas sobre delitos.

En los últimos cinco años, 2014-2019, las autoridades ambientales han retenido 3.670 animales vivos (mamíferos, aves, reptiles, peces) y 2.379 invertebrados (insectos).

Animales y plantas en constante peligro

Loros, pericos y guacamayos son las aves silvestres que más se trafican en el país, entre ellos destacan los loros cabeciazul, que son sacados de su habitad en la Amazonía, para ser vendidos como mascotas. Lo mismo les ocurre a la lora alinaranja, el perico caretirrojo y lora harinosa.

La Constitución de la República del 2008 considera los derechos de la naturaleza no solo como objeto de protección, sino también, como sujeto de derechos.En reptiles, la boa de cola roja,  tortuga motelo, tortuga mordedora, caimán de frente  lisa y caimán negro, son los más comercializados, según datos del Ministerio de Ambiente y Agua.

Por el lado de los mamíferos, el mono ardilla, cusumbos y coatis están en constante riesgo de ser cazados para fines alimenticios o comerciales, lo que causa efectos perjudiciales al ecosistema.  Mientras que en las especies de flora, las más traficadas son las orquídeas, bromelias y musgo.

Sanciones

El viceministro de ambiente, Leonardo Chang, recalcó que las sanciones en estos delitos deben implementarse de manera ejemplar, “no podemos controlar el tráfico sin tener un marco legal regulatorio y poder articular acciones con las instituciones del estado ecuatoriano pertinentes”.

Las provincias amazónicas tienen los índices más altos sobre tráfico de vida silvestre: Sucumbíos, Napo, Pastaza y Orellana. Esta última tiene el mayor riesgo de detenciones. En la sierra, Pichincha encabeza la lista, según el MAE.Al momento, las normas que rigen en el país para sancionar a los infractores ambientales están contempladas en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Aquellos que invadan áreas de importancia biológica, provoquen incendios forestales y atenten contra la flora y fauna silvestre, son sancionados con una pena privativa de libertad de uno a tres años.

En el caso de los delitos contra los recursos del patrimonio genético nacional, la regla establece cárcel de tres a cinco años.

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