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Caso Guzmán: un precedente contra la violencia sexual en aulas

DIC, 10, 2020 |

Reparación. El presidente, Lenín Moreno, y Petita Albarracín durante el acto de ayer, en donde el Estado asumió la responsabilidad por la violación y el acoso de la menor Paola Guzmán.

Hace 18 años una estudiante se suicidó tras ser violada por el vicerrector de su colegio. El Estado se quedó cruzado de brazos.

En cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), el Estado ecuatoriano reconoció ayer, en un acto público, su responsabilidad por la violación y el acoso de la menor Paola Guzmán Albarracín, en un colegio, sucesos que condujeron a su suicidio.

En el evento, desarrollado en Guayaquil, el presidente, Lenín Moreno, manifestó en nombre del Estado sus disculpas por lo ocurrido y el reconocimiento de la responsabilidad de una "institucionalidad del país que no funcionó".

"Estamos para recordar con pesar algo que nunca debió suceder, pero sucedió hace 18 años, y también para reparar, como es responsabilidad del Estado, en algo, el profundo dolor causado por un sistema ineficiente", afirmó el Mandatario al coincidir con la familia de la menor en que "nada repara la pérdida de un hijo".

Reparación

El caso de Paola Guzmán Albarracín se tornó en emblemático este año, cuando la Corte IDH condenó, el pasado 14 de agosto, al Estado ecuatoriano por los hechos y exigió reparaciones a su familia.

En la ceremonia, el Ministerio de Educación hizo entrega a la madre de Paola de un título póstumo de bachiller, en reconocimiento al vulnerado derecho de la menor a la educación."Paola fue abusada por un adulto que se aprovechó de su poder y la embarazó. Sucedió en el colegio donde estudiaba, en ese lugar donde ella debía sentirse más que segura, más que protegida. Ella, (una) adolescente asustada e impotente se suicidó", rememoró Moreno, quien lamentó que los culpables de los hechos tanto por acción como por omisión, "nunca fueron sancionados", y "hoy los vemos como candidatos a asambleístas". EFE

Día contra la violencia sexual en las aulas

El presidente, Lenín Moreno, firmó ayer el decreto para declarar el 14 de agosto, cuando se dictó la sentencia en la Corte Interamericana por el caso de Paola Albarracín, como el Día Oficial de Lucha Contra la Violencia Sexual en las Aulas.

Con ello se obliga, en esa jornada, principalmente, a las entidades públicas y privadas, especialmente las educativas, a la promoción de actividades que hagan valer los derechos a una vida libre de violencia sexual en la infancia y adolescencia, además de una cultura de "cero tolerancia" al fenómeno.

4.221 estudiantes sufrieron violencia sexual

Miles de niños, niñas y adolescentes han sido víctimas de violencia sexual en instituciones educativas de Ecuador desde 2014, según denuncia en un informe difundido ayer por la ONG internacional Human Rights Watch (HRW).

Bajo el título de "Es una lucha constante: violencia sexual en instituciones educativas y la lucha por la justicia para jóvenes sobrevivientes en Ecuador", el informe de 82 páginas documenta las agresiones sexuales que sufren los escolares desde la educación preescolar hasta la secundaria superior. También los "serios obstáculos" que afrontan las víctimas y sus familias en su búsqueda de justicia.

Según el Estado, en los últimos seis años se han recibido más de 11.000 denuncias de violencia contra menores en centros educativos, donde muchos agresores continúan dando clases en otras escuelas. Los datos gubernamentales analizados por HRW mencionan que 4.221 estudiantes sufrieron violencia sexual en instituciones educativas entre 2014 y mayo de 2020.

Abusada por el vicerrector de su colegio

Paola fue acosada y abusada sexualmente desde que tenía 14 años por el vicerrector del colegio, Bolívar Espín Zurita, un hombre de 64 años que prometió ayudarle con sus estudios y mejorar sus calificaciones a cambio de relaciones sexuales.

Tras cumplir los 16 y ser víctima de repetida violencia sexual por parte del vicerrector, la adolescente quedó embarazada. El agresor intentó entonces que su víctima se practicara un aborto con la asistencia del médico del plantel, quien ofreció a la menor realizarle el procedimiento a cambio de relaciones sexuales.

Esas agresiones le provocaron una depresión que terminó en un suicidio mediante la ingesta de fósforo blanco, poco antes de arribar al colegio el 12 de diciembre de 2002.

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