No a la impunidad

FEB, 26, 2021 | - Por Paco Moncayo Gallegos

El crimen organizado no lucha en contra del Estado, intenta cooptarlo. En varios países, tiene sus propios candidatos y si están en riesgo de perder las elecciones, asesinan al favorito. Para operar, el crimen organizado requiere contar con sus propios legisladores, fiscales, jueces, policías y militares. Por eso trata de infiltrar a estas instituciones.

La participación política busca llegar al poder para hacer realidad una ideología y un programa que guíen a una nación hacia el logro de la realización plena, espiritual y material de sus componentes. Algunas personas buscan el poder político para enriquecerse e incrementar su influencia, gestionando un círculo vicioso que les permite convertirse en potentados económicos y patriarcas políticos. Desde su posición de poder pagan costosos abogados e influyen en jueces y fiscales.

Como los fines de ambas formas de delincuencia son fundamentalmente económicos, los Estados han desarrollado leyes para impedir el cometimiento impune de esos execrables crímenes. Para combatir la impunidad y recuperar lo robado, la Asamblea Nacional aprobó la ‘Ley de extinción de dominio’, fundamental para luchar en contra de la corrupción política y el crimen organizado. Infelizmente el Ejecutivo la ha vetado, por ‘objeciones de constitucionalidad’.

Esta ley introduce el principio de ‘restrospectividad’ para aplicarla a situaciones jurídicas y de hecho que estuvieron sujetas a una regulación anterior, pero cuyo efecto jurídico no ha desaparecido al entrar en vigor. Esto significa que, si el origen de la riqueza fue ilícito, es inmoral justificar lo mal habido por narcotraficantes, políticos corruptos o cualquier delincuente, invocando la irretroactividad, que manda que la norma sólo tiene efecto para el futuro. Descalificar la retrospectividad significaría decirles: “disfruten tranquilos de lo mal habido, porque primero es la seguridad jurídica, la constitucionalidad, etc.”

El coordinador de la Comisión Anticorrupción, Germán Rodas, advierte que impedir la promulgación de la ley, “sería una forma de impedir que la lucha contra la corrupción tenga un camino”. Esta advertencia debe considerarla ahora la Corte Constitucional. 

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