Segundo saqueo y aberración ideológica

ORLANDO AMORES TERÁN

El primer saqueo fue la conquista, el segundo saqueo, es la invasión castro-narco-comunista: Ganan con mentiras, las elecciones. Hacen ellos las leyes. Nos empobrecen con tributos. Despilfarran los ingresos fiscales. Imponen cinismo y corrupción como política de Estado. Destruyen la fuerza pública. Dejan al país a merced del hampa. A los que no están de acuerdo los estigmatizan, persiguen, forjan juicios o los silencian.

En este contexto, observamos que la democracia, la separación de poderes, la veracidad electoral, no son asuntos que al pueblo llano le interese. El pueblo reacciona cuando ciertas medidas, afectan a sus problemas cotidianos de supervivencia. Por tanto, estos regímenes gozan de respaldo popular, lo que no significa que estén haciendo bien las cosas, simplemente al pueblo le interesa la satisfacción de sus necesidades básicas.

Por ello hay que hacerle entender al pueblo, que la corrupción, le afecta a su bienestar primario, porque el que despilfarra o roba bienes públicos, les roba a sus hijos y nietos su comida, vestido, salud y educación. Por esa razón, el castro-narco-comunismo donde asume el poder, saquea los bienes nacionales, despilfarra el ingreso fiscal, pero se preocupa de hacer obra pública visible, para suplantar la carencia de democracia, con el estribillo: «Tenemos carreteras». «Avanzamos Patria».

Sin considerar que falta lo fundamental: ¡Libertad! Porque los humanos, en ello, nos diferenciamos de nuestros congéneres, los animales. Ahora, no conformes con haber destruido ética y económicamente al país, se proponen imponernos la «ideología de género», para terminar con nuestra sociedad, destruir los valores familiares que caracterizaron a nuestra gente.

Esta «ideología», es una concepción aberrante de derechos individuales, viola el derecho a la integridad e identidad personal, física, psíquica, moral y sexual, que comporta conservar características culturales, religiosas, espirituales y la procedencia familiar; al infringir normas constitucionales, carece de eficacia jurídica. Por tanto, hay que impugnarla por todos los medios lícitos y además, demandar su inconstitucionalidad. ¡Ya basta!

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