LIBER ANDRADE SALAZAR
Una de las herencias del Correísmo fue la integración de los Jueces de la Corte Nacional de Justicia que funcionaron bajo el esquema de ese gobierno, perdiendo la independencia e imparcialidad, evidenciada con fallos dictados a favor del régimen y, cuando un servidor público era cesado, su acción administrativa planteada en los Tribunales de lo Contencioso Administrativo aún siguen sin resolverse o en su caso, emitidas las sentencias en contra del administrado, los recursos de casación eran inadmitidos de entrada por los Conjueces. Fallos políticos como los del 30S son denostados y muchos de ellos pasaron por las manos de los jueces actuales.
Ese sistema injusto de administrar justicia ha sido y viene siendo el caballo de batalla de usuarios y abogados del país que solicitan y están de acuerdo en que se impulse un proceso serio de evaluación a los señores Jueces de la Corte Nacional de Justicia, a fin de no solo aplicar una evaluación de desempeño y productividad como indica el Art. 87 del Código Orgánico de la Función Judicial, sino que además sean objeto de una valoración en sí de los fallos emitidos por las distintas Salas Especializadas cuando se pronunciaron sobre el fondo del asunto, así como también se valore los autos de inadmisión dictados por los Conjueces, donde se culpa a los profesionales del derecho como los presuntos responsables para que los procesos no sean conocidos por el fondo.
Razones suficientes que hicieron que 12 Presidentes de 17 Colegios de Abogados del País, bajo la iniciativa del Presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, se reunieran la semana anterior y a más de exigir la independencia judicial y reforma de la estructura procesal, solicitaron la evaluación de los Jueces. Particular que debe también ser impulsado desde la ciudadanía.