ANDRÉS GÓMEZ CARRIÓN
El uso recreativo de la marihuana ha dejado de ser patrimonio charrúa para convertirse también en parte de la normativa legal interna de los canadienses. A partir de la entrada en vigencia de la ley, los residentes del país norteamericano podrán tener hasta 30 gramos de marihuana por adulto. Las edades mínimas de compra, puntos de expendio y lugares para el consumo serán regulados por cada provincia.
Canadá, por ser una potencia emergente a punto de consolidarse al nivel de los más grandes y por su característica de ‘Estado pivote’, externaliza las consecuencias de los cambios radicales en su política nacional.
A priori, la legalización de la marihuana no será una noticia agradable en el seno del G-7, grupo informal de países liderado por Estados Unidos, hegemón que lidera a nivel global la lucha contra el tráfico de estupefacientes. Por consiguiente, ¿cuánto arriesga Canadá en sus relaciones internacionales con la decisión tomada?
Los Estados Unidos aún no han condenado la decisión canadiense, y esta coyuntura pone una vez más en duda el compromiso estadounidense con la lucha contra el narcotráfico. Cabe destacar que esta ofensiva ha sido catalogada como un mecanismo para asegurar su permanencia militar en la región sur del continente, principalmente en Colombia, más que para limitar el narcotráfico.
Además, el resto de miembros del G-7 a excepción de Japón han llevado desde la Academia hacia los organismos de control el debate sobre el consumo de la marihuana. Por consiguiente, la decisión canadiense no debería afectar sus relaciones internacionales.
No obstante, la Asociación Médica Canadiense advirtió que el consumo recreativo de la marihuana es una medida que beneficiará a la economía nacional pero que se contrapone a los esfuerzos por mejorar la salud pública.