Presuntas inconsistencias en cifras económicas, responsabilidades por saldar con la empresa privada e inasistencias a audiencias públicas, son tres de los motivos para que los miembros de la Comisión Nacional Anticorrupción, capítulo Santo Domingo crean que existen anomalías en proceso de ampliación del tramo Santo Domingo-Unión del Toachi.
El día de ayer los integrantes del organismo brindaron una rueda de prensa en la que abordaron varias aristas concernientes a este proyecto vial. Uno de los puntos involucra a la empresa Hidalgo & Hidalgo, entidad que durante muchos años se ha encargado de brindar mantenimiento a la Alóag-Santo Domingo, y que ahora estaría reclamando el pago de 23 millones de dólares.
“A la provincia nos corresponde pagar 6 millones para poder hacer los trabajos, sin embargo, la Prefectura ya hizo un contrato de mantenimiento con una empresa local. Es decir, está haciendo algo ilegal porque primero debían terminar toda situación contractual con la Hidalgo & Hidalgo”, expresó Patricio Santander, miembro de la comisión.
Galo Calero se sumó a los cuestionamientos y considera que el tema de la ampliación tiene intereses políticos “el Prefecto ha estado 10 años en el poder y se le ocurre meterse en este apuro, de tomar este tipo de competencia, previo a la campaña política para lanzarse a la alcaldía”, expresó.
Inasistencias
Luis Felipe Buenaño, director provincial del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en Santo Domingo, dijo que está en curso el proceso de sanción hacia la autoridad o al Gobierno Provincial por no acudir a las dos audiencias públicas que fueron notificadas para socializar el tema “no le faltaron el respeto al Consejo de Participación Ciudadana, se lo faltaron a la ciudadanía y a los transportistas por entregarnos información incompleta y borrosa”. (JD)
Respuesta
A través del departamento de Comunicación del Gobierno Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas, se manifestó que el Prefecto se pronunciaría en los próximos días sobre las acusaciones.