Julio César Trujillo, Presidente del Cpccs-t, acudió a la Fiscalía para presentar el caso Refinería del Pacífico, que a su juicio constituye ”el más grande atraco a la economía del país consumado en el gobierno de Correa” y pidió se vincule a la investigación al expresidente. La denuncia no es nueva, oportunamente, personas particulares y medios de comunicación ya denunciaron que tras esta inexistente obra, había una verdadera trama de corrupción que hizo posible el cometimiento de una serie de irregularidades tales como malversación de fondos, tráfico de influencias, peculado, delincuencia organizada, entre otros delitos, en las que están involucradas más de 30 personas, siendo las principales: Correa que firmó los decretos de emergencia para viabilizar la obra, Glass que dirigió lo sectores estratégicos, Pólit que desde la Contraloría no observó irregularidad alguna y Chiriboga que desde la Fiscalía, archivó las denuncias.
Este complejo petroquímico debía estar operando desde 2012, pero a esta fecha, en el Aromo no existe nada parecido a una refinería, sólo hay un desierto donde se esconden más de 1.200 millones de dólares con sabor a peculado. El monto actualizado de financiamiento asciende a 13.300 millones de dólares, que de lograr hallarlo, la planta podrá estar operando el año 2020 o 2022, cuando las reservas del crudo se encuentren seriamente reducidas, pero asombrosamente, esta cifra duplica el costo de seis refinerías de alta conversión para procesar 360.000 barriles diarios, que construye un consorcio privado en México.
Para tener una idea de qué obras se hubiesen realizado con los 1.200 millones de dólares invertidos en el movimiento de tierras, aquí algunas: 24 hospitales públicos, uno en cada provincia para atender a 500 mil personas; 172 centros de salud Tipo C para beneficiar a 8 millones de personas; 10 Proyectos tipo: Daule-Vinces, Bulubulu, Múlti Propósito Chone; la autopista Quito-Guayaquil; 40.000 soluciones habitacionales para gente de escasos recursos económicos; 7.700 médicos para 10 años para trabajar en todo el territorio nacional; 1.200 maestros para 10 años para que trabajen en escuelas fiscales; 5.000 proyectos turísticos, pero no se decidieron por el atraco.