Reformas laborales

Agustín Sánchez

Mientras la atención se desvía al cese del asilo político de Assange y a la detención de Ramiro González, el país se encuentra en una cuenta regresiva para la adopción de reformas laborales en cumplimiento con el Acuerdo del Fondo Monetario Internacional a cambio de un millonario préstamo de más de 4.000 millones de dólares.

Si bien los términos no son públicos y claros, se habla de que la reforma en materia laboral abordará tres temas principales, una nueva tipología contractual que incremente la participación laboral de mujeres y jóvenes, el incremento del período de prueba y reducción o eliminación de indemnizaciones por despido; y, normar el teletrabajo, pese a que esta modalidad ya se recoge en un Acuerdo Ministerial.

Esta situación no ha hecho esperar las posturas radicales opuestas de ciertos sectores sindicalistas, que se acostumbraron durante la década pasada a la abundancia de recursos para obtener condiciones favorables si para el trabajador, pero perjudiciales y desmedidas para un país que con ese manejo gubernamental no tardaba en enfermarse crónicamente.

Tal situación exigirá un acalorado debate en medio de una clase política que convocará el clásico discurso de “defensa del pueblo”, olvidando que la dinámica económica se construye a base de competitividad y no con un mercado laboral inflexible e impenetrable, que afecta precisamente aquellos que buscan emprender.

Sería absurdo pensar que quienes apoyan la tesis de generar condiciones flexibles para el mercado laboral son enemigos de la clase obrera, pues es momento de que todos los sectores, empresarios, trabajadores y gobierno, cedan en las negociaciones para ojalá, próximamente contar con un código de trabajo que empate con la realidad económica del país, sin menoscabar los derechos de los trabajadores pero tampoco generando un falso oasis en medio del desierto en que vivimos.

Las condiciones con el FMI también exigen reducción de la burocracia, situación que ya inició con cientos de contratos no renovados, lo que también demanda soluciones, por ejemplo otorgar concesiones tributarias a empresas que contraten a servidores públicos cesados, mujeres y jóvenes, incentivando la modalidad del teletrabajo, la cual genera optimización de recursos y se adapta a una realidad social actual. Que esta sea la oportunidad de lograr consensos, un crédito bien invertido en proyectos de desarrollo económico, condiciones justas para la clase trabajadora y sector empresarial generador de empleo, marcarían la ruta del Ecuador que necesitamos.