Lagunas constitucionales

JUL, 20, 2019 | - Por EDUARDO CHIRIBOGA APONTE

EDUARDO CHIRIBOGA APONTE

La crisis del 99, permitió a los grupos financieros apoderarse de las mejores áreas empresariales del país utilizando astutamente fondos estatales, saqueando ex profesamente al sistema financiero nacional, causando el doloroso éxodo de millones de ecuatorianos hacia países donde podían aspirar a un mejor futuro (muy diferente al éxodo venezolano que arrebata las escasas plazas de trabajo en un país en crisis), y creó nuevas formas de familia.

Tíos y abuelos convertidos en “padres” de niños, cuyos progenitores forzados a emigrar, fueron generando tipos de familias, que el Estado debió brindarles la legitimidad que ameritan. Veinte años después, legalizan el mal llamado matrimonio igualitario, que pretende crear otro tipo de familia, pero que atenta contra la base de la sociedad, la moral, y va a permitir que nuestra niñez observe casos reñidos con lo normal, creándoles confusión en sus aun frágiles mentes en formación. Y el Estado no debe permitirlo.

En el plano legal, la decisión de la Corte Constitucional adolece de excesos en su facultad interpretativa de la Carta Magna.  Conspicuos constitucionalistas, han opinado con meridiana claridad,  que una consulta a la CIDH no puede ser vinculante, pues abriría el camino para que una mayoría simple de nuestra CC, eche abajo la Constitución que regula el funcionamiento de la república. Inexplicable la inercia de la Asamblea Nacional. Las antinomias entre varios artículos, demuestran que nuestra Constitución fue hecha para viabilizar un proyecto novelero que creó una delincuencia organizada que aún asecha al país, sin analizar detenidamente tamañas incongruencias.

Y si el temor de convocar a una Asamblea Constituyente reside en la posibilidad de que regrese el capo, y que sea electo Asambleísta Constituyente, con una millonaria inversión en su campaña electoral, engatusando nuevamente a un pueblo manipulable, y que el remedio sea peor que la enfermedad, es un riesgo que se debe correr. Sepultarlo en las urnas es el camino, ante la sospechosa pasividad de nuestra justicia para sentenciarlo, y que tengamos al fin, una Constitución sin inconsistencias.

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