En Santo Domingo de los Tsáchilas hay cuatro casas de acogida, ahí residen actualmente 111 niños y adolescentes que están en situación de vulnerabilidad, 30 de ellos por causas penales.
Son diversas las causas por las que se encuentran en el lugar, la mayoría por negligencias, maltrato y abuso sexual. Ellos llegan a las casas de acogida por decisión judicial, ya que las condiciones de sus familias representan un peligro para su crecimiento normal.
Aunque lo ideal es que el tiempo de permanencia no sea mayor, hay ocasiones en las que se prolonga hasta los nueve meses.
En el grupo de vulnerabilidad también están las mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad que son víctimas de maltrato. Paulina Rueda, coordinadora provincial de la lucha de los derechos humanos, manifestó que se han estancado muchos procesos por un largo tiempo “nos hemos unido las manos entre las organizaciones sociales y autoridades para esclarecer casos”, indicó.
Wellington Mangui, abogado de esclarecimiento del Ministerio de Inclusión Social (MIES) indicó que se han dado seguimiento a casos en La Concordia, El Carmen y Santo Domingo, entre los principales problemas dentro de la Fiscalía no se da testimonio anticipado, no hay peritos, psicólogos y médicos para dar atención.
Trabajo conjunto
Para dar respuestas a estos problemas sociales, se reunieron ayer los representantes de los diferentes organismos del Estado para formalizar la mesa provincial de ‘Esclarecimiento Legal’ en la provincia Tsáchila.
El objetivo es acelerar los procesos legales y dar una solución definitiva, en el caso de los niños y adolescentes, está la tenencia de un familiar prolongado o la declaración de adopción. Estos procesos dependerán de la situación de cada caso pero se estima tendrán una duración de 3 meses a un año, indicó Verónica Moya, directora del Ministerio de Inclusión Económica (MIES). (DA)
El acta de compromiso se firmó ayer entre las instituciones públicas y privadas del sistema de justicia, juntas cantonales, protección especial, sociedad civil y MIES. “Debemos acompañar procesos de vulnerabilidad de derechos y articular acciones a fin de responder con celeridad y brindar las garantías del caso”, acotó el coordinador zonal del MIES.