Control social

AGO, 21, 2019 | - Por ORLANDO AMORES TERÁN

ORLANDO AMORES TERÁN 


La incorporación en la Carta Montecristi de dos funciones adicionales, a las tres de la tradición republicana, obedece  -a la luz de los acontecimientos, luego del transcurso de una década de su implementación-,  al interés de controlar toda la organización estatal, por parte de quien ejerció el mandato en aquella época. Una de ellas, la denominada Función de Transparencia y Control Social, constituye una antinomia jurídica, porque está estructurada como un órgano estatal de control social, lo cual contradice el criterio expuesto en el Art. 204 de la Constitución, que determina: “El pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público...”. Este discernimiento es coherente con el principio fundamental expuesto en el segundo inciso del Art. 1 de la Constitución que preceptúa: “La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad…”. De lo analizado hemos de concluir que todos los órganos estatales, están sujetos al “control social” cuyo ejercicio es exclusivo de la ciudadanía.

Por tanto, no puede ejercer “control social” un órgano público. Si lo hace, genera una contradicción conceptual y jurídica.

Al eliminar como Función del Estado, la denominada Función de Transparencia y Control Social, debemos mantener como Órganos de Control: la Contraloría General del Estado, la Defensoría del Pueblo y las superintendencias, pero ello no significa que renunciemos al “control social”, porque dicho control es inherente a la ciudadanía, además, caracteriza el elemento constitutivo del Estado democrático, republicano, representativo y participativo, recogido en el inciso segundo del Art. 1 de la Constitución cuando dispone: “La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de… las formas de participación directa previstas en la Constitución…”.

De allí que el pronunciamiento popular en el ejercicio de la democracia directa, además  de ser el camino para cambiar la actual estructura concentradora de poder, es de obligatorio e inmediato cumplimiento, en aplicación del último inciso correspondiente al Art. 106 ibidem.

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