La suave brisa de septiembre lo despertó del sueño de mejores días. Lo despertó a la realidad que vive, del éxodo de su Venezuela hasta un frustrado viaje al Perú. Sentado en un parque de Santo Domingo, Rafael Quintana reflexiona entre el caos y la desesperación.
Con 25 años a cuesta, el barbero nacido en La Guaira, capital del estado Vargas, no tiene pensado regresar a su país, más bien quedarse en territorio ecuatoriano hasta que pueda conseguir el visado que lo lleve al Perú y de allí a Chile.
Actualmente, los venezolanos que llegan a las diversas ciudades ecuatorianas, pernoctan en los espacios públicos, como parques y redondeles, generando malestar ciudadano, por el hacinamiento en que viven.
En días pasados, a través de una denuncia ciudadana y en cumplimiento de la ordenanza del buen uso de los espacios públicos se procedió a desalojar a los extranjeros, por parte de las autoridades competentes.
Autoridades
En esta semana, en su habitual rueda de prensa el alcalde, Wilson Erazo, indicó que lo eligieron para garantizar el bienestar ciudadano y no permitirá el desorden y el deterioro de los espacios públicos, exhortó a las instituciones involucradas en el ámbito social a trabajar mancomunadamente para garantizar el respeto de los derechos humanos y el respeto a los bienes municipales.
Contar con una Casa de Acogida, que sirva tanto para los ecuatorianos como a extranjeros es una de las propuestas municipales, que contaría con el respaldo del Concejo Cantonal, la cual estaría estipulada para el año 2020.
Por su parte, los extranjeros desplazados acuden a las instituciones involucradas en movilidad humana para solicitar la respectiva ayuda, para lograr sobrevivir mientras realizan el éxodo de llegar al sur del país.
Mientras tanto, la Dirección de Servicios de Apoyo Migratorio garantiza la movilidad humana ordenada, regulada y segura a través del análisis, verificación, registro y procesamiento de información con el fin de identificar posibles factores de riesgo para la seguridad interna del país. (GA)
CASOS
Se realizan controles para verificar el estatus de los extranjeros, los cuales si no pertenecen a la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, pueden permanecer en el país 90 días. En cambio, si pertenecen a UNASUR pueden estar 180 días y solicitar una ampliación por 90 días más.