De la discapacidad

Para los efectos de la Ley Orgánica de Discapacidades se considera persona con discapacidad a toda aquella que, como consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, ve restringida permanentemente su capacidad biológica, sicológica y asociativa para ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, en la proporción que establezca el Reglamento. Son positivos los beneficios para las personas con verdaderas capacidades especiales (para ellos mi respeto y un saludo reverente), quienes tienen el derecho de importar bienes para su uso exclusivo, exentos del pago de tributos al comercio exterior, IVA, impuestos a los consumos especiales; entre otros: prótesis, órtesis o equipos ortopédicos externos que sirven de soporte y ayuda, medicamentos, máquinas y útiles de trabajo diseñados y adaptados para ser usados por personas con capacidades especiales; derecho a jubilaciones tempranas, rebajas en tarifas de luz, agua, teléfono, impuestos prediales; importación y compra de vehículos ortopédicos y no ortopédicos, lo cual se ha convertido en un gran negocio para los pseudos discapacitados, previa adquisición de carnet habilitante.

Lo curioso, inmoral, inaudito e infrahumano es que estos beneficios no han llegado ni llegarán a quienes verdaderamente los necesitan, ya sea por su humildad, por falta de dinero e influencias, como han dado cuenta los medios de comunicación con imágenes de personas que reclaman a gritos en unos casos y en otros con lágrimas por falta de atención, como es el caso de una niña con síndrome de Williams que viene solicitando por seis años el carnet de discapacidad, sin lograrlo.

Hecha la ley, hecha la trampa por parte de los avivatos; entre ellos, asambleístas, jueces, políticos, deportistas, funcionarios públicos que ostentan dignidades de alto rango, poder, buenos sueldos; pero claro, discapacitados de ética y moral que han obtenido con mucha facilidad los carnets de discapacidad para hacer uso doloso de aquellos documentos forjados para perjudicar al fisco y a muchas instituciones, sobre todo, a personas sin recursos que de verdad necesitan incluirse en la lista de aspirantes a los beneficios. Este accionar delictivo, obra de la miseria humana, producto de una delincuencia organizada desdice mucho del Ecuador y muestra el nivel de podredumbre al que ha llegado nuestra sociedad.

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