Sin lugar a dudas, la actual pandemia planteó nuevos desafíos en materia económica. Hay que enfrentar a una pobreza y desempleo galopantes, dejando atrás medidas caducas y que carecen de un efecto inmediato, tan necesario en la coyuntura actual. En este sentido, ha tomado bastante popularidad el denominado Ingreso Básico Universal (IBU), en el que se otorga una determinada cantidad de dinero a las personas sin ninguna condición. Sí, a todos, incluidos a ricos y a pobres. Ahí radica su simplicidad y, por ende, su utilidad. Ya lo señaló el alcalde de Mount Vernon, la gente necesita dinero ahora mismo y, el Ingreso Básico Universal, es la manera más rápida de cumplir con este objetivo.
Son múltiples los partidarios del IBU: el Foro Económico Mundial lo señaló como la respuesta a las desigualdades ocasionadas por la COVID-19; la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) recomienda el IBU para ayudar a los más vulnerables a atravesar las dificultades de la pandemia; incluso, el Papa Francisco demanda el IBU a los gobernantes en su nuevo libro.
En este punto, el lector o la lectora se mostrará reticente a que el IBU sea para todo ciudadano/a. Se preguntará por qué no darlo a cierto grupo de personas y excluir a otras que no lo necesiten. Es totalmente válido el argumento, pero, de ser el caso, se tendría que llevar a cabo un tedioso proceso de selección, análisis y estudios de qué personas aplicarían para este beneficio. Además, recordarle que ello se llevaría a cabo en el Ecuador, país en dónde la corrupción mete sus manos a la mínima oportunidad. Al ser universal se mitigan estos dos principales inconvenientes. Ello por lo menos en el corto plazo. En el mediano y largo plazo se puede debatir su incondicionalidad, así como sus demás aspectos. Lo que finalmente se puede concluir, es que el IBU puede ser una de las soluciones que tanto necesitamos en el país.