Ibarra
Fue el 17 de noviembre del 2015 el día en que se lo vio vivo por última vez en manos de la Policía Nacional de la ciudad de Ibarra. 13 días después se lo encontró muerto, en estado de descomposición en las inmediaciones de la laguna de Yahuarcocha.
La semana pasada se cumplieron dos años de este acontecimiento del cual no se tiene respuesta alguna de la justicia, y en donde se dilucidan graves errores por parte no solo de las autoridades policiales, judiciales, sino de médicos y asistentes legistas, según denuncia la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh).
“La desaparición y muerte del joven colombiano Francisco Javier Cajigas Botina podría representarse como un caso icónico de desaparición forzada y ejecución extrajudicial en el país, incluyendo además el delito de manipulación y alteración de evidencias luego de su muerte”, informaron.
Suceso
El día anterior a su desaparición, tanto él como su conviviente Angie acudieron a una fiesta y Francisco decidió quedarse hasta más tarde. Ahí fue la última vez que ella lo vio. Según los vecinos, Francisco llegó a su casa en estado etílico, no entró a su domicilio ya que la Policía llegó para detenerlo presuntamente por romper el espejo de un auto.
Un vecino menciona que escuchó una pequeña riña entre él y una autoridad policial por lo que también lo detuvieron por protagonizar un escándalo en la vía pública. Este vecino dijo que escuchó una amenaza por parte del policía de “irle a pegar en Yahuarcocha”, práctica que según Inredh parece ser repetitiva dentro de las detenciones y los “castigos caseros” de los uniformados locales.
Dos días después, su conviviente Angie denuncia ante la Fiscalía la desaparición de Francisco, luego de buscar en el hospital, pedir información en la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Desapariciones, Extorsión y Secuestros de Personas (Dinased), acudir a la Corte Provincial, sin ninguno tipo de respuesta o ayuda efectiva.
Según relatan, solo luego de hablar con el Coronel de la Policía, éste llamó e identificó a los agentes policiales responsables de la detención de Francisco.
“Los policías involucrados en la detención, J.S., M.E., E.P., J.A. y J.T., lo llevaron a la Unidad de Flagrancia. Ahí, la fiscal de Ibarra encargada mencionó que no ameritaba la detención de Francisco y por lo tanto que se lo podía dejar libre. Fueron los mismos policías los que preguntaron su dirección de domicilio, lo montaron a su vehículo y supuestamente lo dejaron afuera de una discoteca en Yahuarcocha. No obstante, la última vez que se lo vio vivo fue dentro del vehículo policial”, menciona Inredh en una publicación referente al caso.
El 30 de noviembre del 2015, hace dos años, se lo encontró en estado enfisematosa de putrefacción, es decir que habían pasado de tres a cinco días desde su muerte, en las inmediaciones de la laguna de Yahuarcocha.
Desapareció la cabeza
Los resultados de la autopsia y el examen médico legal, dados en el Centro de Investigaciones de Ciencias Forenses (CICF), determinaron que el cuerpo tenía tres hematomas y excoriaciones por fricción. Según el equipo multidisciplinario que analizó el cuerpo, la causa de la muerte es traumatismo en el cráneo realizado con un objeto contundente.
El trajinar de la familia Cajigas Botina no concluye ahí. El 12 de diciembre de ese año, el cuerpo de Francisco fue entregado a sus familiares embalado completamente, sin posibilidad de abrirlo. Cuando la familia quiso ver el cuerpo, el médico legista encargado A.N. y el disector L.F. se negaron rotundamente, según denuncia Inredh.
El argumento fue que estaba empacado de tal manera que no lo podían abrir al ser un riesgo psicológico y biológico. La familia nunca observó su cuerpo. Aún así, en el traslado a Colombia, el olor era tan fuerte que lo envolvieron en papel celofán, como cuenta la cuñada de Francisco Cajigas, Esmeralda.
Las condiciones de muerte de Francisco generaban dudas en la familia Cajigas, por ello, por solicitud del fiscal, se solicitó asistencia internacional con Colombia, quien realizó una primera exhumación y necropsia, es decir desenterrar el cuerpo para determinar o ratificar las causas de la muerte.
DATO
Fue un 17 de noviembre del 2015 el día en que se lo vio vivo por última vez en manos de la Policía Nacional, fuera de su casa en el centro de Ibarra. 13 días después se localizó su cadáver.Este proceso se realizó el 20 de mayo del 2016 en Pasto (Colombia). Tanto el fiscal como los familiares se toparon con la sorpresa de que el cuerpo no tenía cabeza. Posteriormente, la cabeza fue localizada en el Centro Forense de Esmeraldas pero se pidió un nuevo peritaje para confirmar que se trataba de la de la víctima.
El 26 de mayo del 2016, Diego Fuentes, entonces viceministro del Interior, confirmó que se está investigando para detectar “posibles responsabilidades de la Policía” en el caso.
También mencionó que no tendrán ninguna contemplación para los policías que resulten ser responsables. A su vez, Diego Peñafiel, director de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos, señaló que al ser una posible ejecución extrajudicial se iba a investigar bajo estándares de derechos humanos.
A partir de la pérdida y localización de la cabeza, el 7 de junio del 2017, empezó el proceso legal por el delito de alteración de evidencias y elemento de prueba por el mal manejo de las evidencias en contra de L.F., A.N. y S.R.
Una vez localizada la cabeza, un segundo peritaje en antropología forense determinó que el cráneo había sido lavado con una sustancia que borró las evidencias.
TOME NOTA
El 30 de noviembre, hace más de dos años, fue encontrado el cuerpo sin vida del colombiano Francisco Cajigas en el sector de Yahuarcocha.Según un pronunciamiento de la Asociación de Desaparecidos del Ecuador (Asfadec), en primer lugar no se tenía que haber desprendido la cabeza del cuerpo, sin informar a los familiares de este procedimiento, y además no se deberían utilizar este tipo de sustancias justamente porque borran pruebas del delito cometido, recalcando que la causa de la muerte de Francisco fue un trauma en su cabeza.
“En Ecuador las investigaciones no podían avanzar dada la falta de tecnología adecuada para analizar la cabeza con las sustancias mencionadas. Por esto, se envió el cuerpo y cráneo a Colombia con cooperación internacional para aclarar qué pasó con la cabeza y, por lo tanto, determinar o ratificar cuál fue la causa de su muerte”, explica Inredh.
Hasta ahora, la familia Cajigas Botina y el fiscal de Imbabura siguen esperando la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en Esmeraldas para finalizar la etapa de instrucción fiscal.
“Además, esta misma Fiscalía espera los resultados del cuerpo y la cabeza en cooperación internacional con Colombia para emprender las acciones correspondientes por las violaciones de derechos humanos de los que fue víctima Francisco Cajigas. Tanto en el ámbito nacional como internacional, la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial son consideradas como graves violaciones de derechos humanos”, expusieron.
“Luego de dos años, la familia Cajigas Botina e Inredh seguimos esperando una respuesta efectiva y sobre todo reparadora por parte de la justicia, para su madre, su hermano, su conviviente y su hija”, finaliza el artículo del organismo no gubernamental de Derechos Humanos. (VMWF)
Desaparición forzada
La desaparición forzada dentro del caso Cajigas se dio desde el 17 de noviembre hasta el día 30 de noviembre de 2017, según Inredh, en donde se encontró el cuerpo sin vida.
En el presente caso, la última vez que fue visto fue en manos de los dos agentes policiales, por lo que la responsabilidad recae sobre ellos.
Como lo menciona la CIDH en el caso Gómez Palomino vs. Perú: “…lo que caracteriza a la desaparición forzada es su naturaleza clandestina, lo que exige que el Estado, en cumplimiento de buena fe de sus obligaciones internacionales, proporcione la información necesaria, pues es él quien tiene el control de los medios para aclarar hechos ocurridos dentro de su territorio. Por lo tanto, cualquier intento de poner la carga de la prueba en las víctimas o sus familiares se aparta de la obligación del Estado señalada en el artículo 2 de la Convención Americana y en los artículos I b) y II de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada”. Es decir, son los agentes policiales y el Estado los que se tienen que encargar de probar que ellos no lo hicieron, no lo permitieron o no estuvieron vinculados con el hecho.
“Durante 13 días, Francisco Cajigas fue desaparecido forzadamente, lo cual ya se constituye como grave violación de derechos humanos, por ende imprescriptible; pero además, luego de este tiempo, su desaparición devino en una ejecución extrajudicial, es decir, la privación de su vida mientras los agentes policiales desempeñaban su cargo”, explica Inredh.