En el Ecuador no hay una limitación para la aplicación de la justicia indígena, sin embargo, quienes se sientan afectados por supuestas extralimitaciones pueden acudir a la Corte Constitucional.
La justicia indígena está reconocida en la Constitución y debe aplicarse en función de las tradiciones y costumbres de cada pueblo o comunidad indígena.
Esto implica que, en las comunidades están en la capacidad de juzgar todo tipo de delitos, siempre y cuando ocurran en su territorio, sin embargo, no pueden solucionarse conflictos que se creen fuera de su territorio.
A pesar de ello, desde el punto de vista de la comunidad mestiza, esto permitiría que existan ciertas omisiones ante delitos o infracciones sancionadas con prisión.
Entre estos están las agresiones sexuales, delitos de tránsito e inclusive las muertes, en donde los miembros de una comunidad cobijados en sus tradiciones y costumbres tienen penas que se ven blandas frente al sistema judicial ordinario.
Explicación
La asambleísta Cecilia Baltazar fue explícita en que el encarcelamiento no es una opción dentro de la justicia indígena porque “es atentatorio contra los derechos humanos”, además, señaló que va en contra de su cosmovisión que busca la educación y la rehabilitación del infractor.
Lo mismo señaló el abogado en libre ejercicio Christian Pérez, quien añadió que “no existe un límite para la administración de la justicia indígena» y fue más allá al aclarar que hay que entender que la justicia ordinaria es más punitiva, de reproche social, sancionadora y por último reformatoria, mientras que la justicia indígena es más restaurativa.
Por ello explicó que, desde su misma esencia, se busca la “purificación” de quien está yéndose en contra de la ley, por lo que sus procesos, cuando ya han sido juzgados los infractores, inician con rituales con ortiga, baños, trabajo comunitario y la reparación que requieren las víctimas.
Hay que tener un mejor proceso de aprendizaje y reconstruir la forma que vemos la justicia indígena, pues la cosmovisión de estos procesos es muy diferente a como se aplica la justicia ordinaria”
Christian Pérez,
Abogado en libre ejercicio
Legitimidad
En este punto, Baltazar mencionó que la Constitución del Ecuador reconoce a los pueblos y nacionalidades, y con ello a sus estructuras, por lo que su accionar para impartir justicia está garantizado y avalado por el mismo Estado.
“Las autoridades de la comunidad son reconocidas por su pueblo, siempre se ve que quienes están al frente sean personas honestas, trabajadoras, honradas que puedan ser un ejemplo no solo para impartir justicia, sino hasta para poder aconsejar a las personas a que tengan un buen accionar», añadió la Asambleísta.
Pérez agregó que, los dirigentes son reconocidos por la comunidad y es esto lo que legitiman su accionar y dirección frente a los temas de justicia y todo su actuar dentro de la comunidad.
Adicionalmente, sostuvo que el juzgamiento de los delitos no se hace en privado, si no en asamblea general, es así que todo el pueblo es el que dictamina las sanciones a imponerse.
Pérez dijo que la legitimidad de esta aplicación de justicia es tal que, quien ya fue juzgado bajo estos preceptos no podrá ser sometido a la justicia ordinaria.
Baltazar recordó el caso ‘La Cocha’ cuando el 9 de mayo de 2010, cinco jóvenes de la comunidad La Cocha de la provincia de Cotopaxi fueron juzgados por la justicia indígena luego de un asesinato. Pero luego los implicados posteriormente también fueron sometidos a la justicia ordinaria.
Para evitar esto la Corte Constitucional en 2014 resolvió que los casos de muertes violentas en comunidades indígenas y por personas de estas comunidades sean juzgados solamente por la justicia ordinaria.
EL DATO En 2014 la Corte Constitucional resolvió que los casos de muertes violentas en comunidades indígenas y por personas de estas comunidades sean juzgados solamente por la justicia ordinaria.
Reparaciones económicas
Este aspecto ayuda a que quienes sufrieron alguna pérdida, agravio o daño puedan tener de alguna manera cómo repararlo o reponerlo.
De tal manera que si se requiere acceder a algún tipo de tratamiento o manutención se necesita contar con los recursos para ello.
Baltazar recordó que en una comunidad se juzgó a un joven por violación y fue ‘sentenciado’ a todo el proceso de purificación, trabajo comunitario y al pago económico para que la víctima reciba atención médica y psicológica que le permitan recuperarse, “aunque sabemos que en estos casos nadie puede recuperarse del todo, el dinero sirvió para que la agraviada pueda recibir atención profesional oportunamente».
“Algo que hay que aclarar es que las comunidades no es que están administrando justicia para beneficiarse económicamente, es un tema de reparaciones para las víctimas”, dijo la Asambleísta.
Acompañamiento
Baltazar subrayó que, en casos graves, como el mencionado anteriormente o cuando esté de por medio una muerte, el proceso de juzgamiento no culmina luego de que se lean los acuerdos a los que se llegó en asamblea general, sino que se hace un seguimiento exhaustivo para que se cumpla con todo el proceso de sanación y rehabilitación de las partes implicadas.
“En el caso del chico juzgado por violación, él lo cumplió en la comunidad que fue juzgado, pues así los líderes y mayores podían ver que realmente esté realizando todo lo estipulado para la reparación de la víctima, así como en su proceso de reconstrucción como ser humano”, puntualizó la Asambleísta.
Enfatizó que si dentro de toda esta marcha de restitución, se ve que el individuo no quiere cambiar o no da muestras reales de mejoras, puede llegar a ser sancionado con una pena más severa, como lo es el “destierro, que es lo más duro que puede pasarle a alguien de la comunidad”.
El seguimiento del cumplimiento de la pena, para Pérez es una parte fundamental dentro de los preceptos de la justicia indígena, pues con ello desde la comunidad se garantiza, no solo que la aplicación de su justicia se esté desarrollando conforme a lo dictaminado por toda la comunidad, sino también que se cumpla la cosmovisión de restauración.
“Hay que tener un mejor proceso de aprendizaje y reconstruir la forma que vemos la justicia indígena, pues la cosmovisión de estos procesos es muy diferente a como se aplica la justicia ordinaria”, mencionó.
Inconformidad
Tanto Baltazar como Pérez recalcaron que quien sienta que la justicia indígena no resarce el agravio o delito cometido en su contra, o está teniendo algún tipo de extralimitación, puede acudir a la Corte Constitucional, esta entidad tiene competencia para intervenir en casos en los que se habría incurrido en algún tipo de exceso por parte de la justicia indígena o no se haya permitido el juzgamiento adecuado de un delito.
Finalmente mencionaron que la justicia indígena no tiene nada que ver con los ajusticiamientos, en los que se ha caído en algunos casos, donde inclusive se ha atentado contra la vida de supuestos delincuentes. (NVP)
Acercamiento y trabajo mancomunado
La asambleísta Cecilia Baltazar, sobre el accionar de los agentes de tránsito en la comunidad, resaltó que va a exponer en las comunidades los temas en donde los jóvenes sin documentos y en estado etílico están conduciendo vehículos, pues asegura que en estos casos deben tomarse medidas ejemplificadoras que eduque de mejor forma a toda la comunidad sobre el respeto de las leyes de tránsito, “pues nadie está sobre la ley, ya sea dentro de la justicia indígena o la ordinaria”
Añadió que hace falta un trabajo más relacionado con la Policía Nacional y la Dirección de Tránsito de Ambato para que se permita que se hagan controles, pero que los infractores sean dejados en sus mismas comunidades para que sean juzgados bajo sus costumbres.
“Nosotros queremos que los agentes suban con el alcoholímetro, pero no queremos que se lleven a los infractores, queremos que sean juzgados en nuestras comunidades, y la Policía y los agentes de tránsito pueden ver que realmente se aplica un castigo reparador a quienes estén infringiendo la ley”, finalizó.