¿Es posible el periodismo público? Lo es, pero con una premisa fundamental: que sea periodismo. Que no responda al gusto de los poderosos sino a las necesidades de sus lectores, que no trabaje pensando en seducir al Gobierno de turno sino en ayudar a la ciudadanía a comprender mejor sus historias.
Vivimos 10 años en los que los inexistentes medios públicos se dedicaron tanto a ser meras agencias de publicidad y relaciones públicas de la autodenominada revolución ciudadana, que ahora cuesta creer aún la promesa de periodismo.
Vemos señales y nos congratulamos. Vemos, por ejemplo, que los temas de la corrupción del correísmo ya no están vetados o camuflados entre las páginas de El Telégrafo. Hemos constatado, en los primeros días tras la anunciada renovación, enfoques más reales, investigación, mirada crítica en los temas judiciales y un esfuerzo verdadero por empatar con la realidad.
Pero, para el país, lo fundamental es que esto no quede apenas en una buena intención, que no sea una especie de ruleta que dependa de la buena voluntad de quien esté en el Palacio de Carondelet.
Para ello es indispensable que exista una Ley que rija el trabajo de los medios públicos, que no deje cabos sueltos. Una ley como las que hay en Inglaterra, en España o en Francia, que les muestre con claridad a qué peligrosos extremos no deben nunca llegar. Que exija que en su línea editorial sean pilares la academia y la sociedad civil. Que se vuelvan escuelas de reporteo, de contraste y de verificación, pero, sobre todo, de honestidad.
«El pasado no es hostil, es una explicación, una referencia, una clave del enigma del presente”.
Magda Szabó
Escritora húngara (1917-2007)
«Las virtudes son las que hacen los buenos tiempos y los vicios los que los vuelven malos”.
Agustín de Hipona
Filósofo y teólogo argelino
(354-430)