El sueño de las familias de tener una casa propia, les llevó a varias personas a confiar en los anuncios en medios impresos de la ciudad de una inmobiliaria que ofertaba bienes, la que tras varias investigaciones se consideró que lo que hacían es estafar.
En el pie de las fotos de las publicaciones de varias propiedades se detallaba el precio de los anticipos que iban desde 1.000 hasta más de 30.000 dólares.
La gente con el afán de separar las casas entregaba este dinero, pero al llegar el tiempo de plazo para la firma de contratos y suscripción de escrituras los ofertantes por múltiples razones como la que no eran dueños o esa propiedad nunca estuvo en venta, se quedaban sin los inmuebles y sin su dinero.
Proceso
William Freire, fiscal de la Unidad de Patrimonio 2 de Tungurahua, mencionó que lleva a cabo la investigación de un caso emblemático donde al parecer todo estaba bajo los parámetros legales y regulados por la Ley para cumplir con sus funciones como inmobiliaria.
“Ellos utilizaban los medios de comunicación escritos que circulan en la ciudad para publicitar un sinnúmero de anuncioxs de ventas de casas, departamentos y terrenos en precios cómodos lo que convencía a las personas para ir a su búsqueda”, afirmó Freire.
El Fiscal mencionó que los interesados de las propiedades que ofertaba la inmobiliaria asistían a las oficinas que ellos tenían en Ambato en donde dialogaban del bien a comprar. “Ellos fijaban un precio, pero con la condición de entregar un anticipo, dinero que luego decían formará parte del pago total, también ahí se establecía un plazo para suscribir las escrituras, tiempo que nunca llegaba”, aclaró.
Para denunciar estos casos los afectados llegaban hasta la Fiscalía de Tungurahua con documentos privados, promesas de compra y venta para mostrarle a la autoridad que ellos pensaban que era un negocio legal.
El Fiscal mencionó que luego de las investigaciones se descubrió que los contratos tenían varias particularidades como es una cláusula en la que se expresaba que al ver algún tipo de problem tenía que llevar el caso a un Centro de Mediación en Quito, por lo que los compradores pensaron que todo estaba en regla.
LA CIFRA
300.000 DÓLARES Es el perjuicio de estos casos de estafa.
Audiencia
En la audiencia de formulación de cargos realizada hace pocos días, el Tribunal de Garantías Penales dictaminó dos órdenes de prisión preventiva para los cabecillas de esta estafa quienes serían dos hermanos.
“Ellos están con orden de llamamiento a juicio y las boletas giradas en su contra, pero al estar prófugos no se les puede sancionar hasta su captura” confirmó el Fiscal.
De ser aprehendidos podrían pasar en la cárcel de 10 a 13 años, aquello lo estipula el Código Orgánico Integral Penal. (EV)