Estudiantes y padres de familia cuestionan códigos de convivencia escolares

ABR, 08, 2018 |

Norma. En todas las instituciones educativas se debe contar con un código de convivencia.

 

“Prohibido traer pulseras, cadenas y aretes grandes”, “prohibido el uso de pirsin”, “prohibido los tatuajes”, “corte de cabello formal masculino en los hombres y formal femenino en las mujeres”, “prohibido el uso de maquillaje”, son algunos de las normativas a las que están sujetos los estudiantes en diferentes instituciones educativas y que rezan en los llamados códigos de convivencia, los mismos que son cuestionados por estudiantes, padres de familia y los mismos docentes.
 

En algunas disposiciones estos instrumentos vulneran los derechos de los estudiantes, yendo incluso por encima de la Constitución de la República y los tratados internacionales de derechos.

 

Casos

Antonella (nombre protegido), decidió cortarse su cabello de forma inusual, lo cual le trajo problemas en la institución donde estudiaba, puesto que en el código de convivencia de la misma se estipulaba que se prohibía llevar el cabello más arriba de los hombros.
 

Por su corte Antonella fue discriminada, recomendándole incluso que no asista a clases y que rinda los exámenes desde casa, puesto que consideraban que sería una mala influencia para sus compañeros y que es una falta disciplinaria en su colegio.
 

El caso llegó a la Junta Metropolitana de Protección de Derechos de Quito, la misma que resolvió en el 2017 que se había vulnerado su derecho a la libertad estética.
 

Caso similar le sucedió en Ambato a Gabriela (nombre protegido), a quien le sacaron de su aula de clases por  usar un pirsin en su nariz amparándose en el código de convivencia institucional.
 

De igual forma la denuncia llegó hasta la Junta de Protección de Derechos de Ambato, la misma que resolvió que se había vulnerado el derecho a la libertad estética de la adolescente, por lo que se ordenó la amonestación a los docentes involucrados, además, de disponer a la institución educativa que se realicen talleres y charlas de socialización del código de convivencia, así como también la revisión de ese documento por parte de la autoridad educativa.
 

Para Alejandra Gómez, madre de la adolescente afectada, es penoso ver como por años se vulnera los derechos de los niños y adolescentes en las instituciones educativas con estos códigos que no se ajustan a la realidad, y que tienen artículos que violan la misma Constitución.
 

“Es increíble que los prejuicios sean los que manden y se juzgue a las personas por su expresión estética o cultural”, aseguró.

 

Apoyo

Marco Antonio Lara, coordinador de la Unidad de Justicia de la Junta de Protección de Derechos de Ambato, manifestó que este caso de violación de derechos no es el primero en Tungurahua, lo cual evidencia la debilidad de los códigos de convivencia sobre todo en el tema de derechos. “En muchas instituciones educativas estos códigos de convivencia no llevan una armonía con el marco constitucional, lo cual provoca este tipo de problemáticas”, comentó.
 

A decir de Lara es por ello que instituciones de defensa de derechos como las juntas de protección, Defensoría del Pueblo y otras ya se han pronunciado, tanto es así que en Guayaquil conjuntamente con el Ministerio de Educación se vio la necesidad de revisar estas normativas y sus contenidos, los mismos que no deben contener puntos que transgredan derechos y de ser el caso dejar sin efecto estos códigos.
 

Para el Coordinador es importante que las instituciones educativas construyan estos códigos con la participación de toda la comunidad educativa, pero sobre todo con los estudiantes, quienes son los protagonistas y quienes van a estar sujetos a estas normas.

 

Participación

Doménica, estudiante y presidente del consejo estudiantil de un colegio de Ambato, manifestó que en realidad no existe una construcción colectiva y participativa de estos instrumentos y que en efecto sus compañeros se ven afectados por un sinnúmero de transgresiones. “Son medidas que de una u otra forma reprimen a los estudiantes, creo que somos dueños de nuestro cuerpo y como decidimos presentarnos estéticamente no define si somos buenos o malos estudiantes, buenas o malas personas”, aclaró.
 

Para Magali Morales, madre de familia, hoy más que nunca hay que construir espacios de diálogo con los niños y adolescentes.
 

“Se debe dejar de lado los prejuicios, necesitan normas sí, pero normas reales sin dejar de lado sus propias decisiones”, comentó, al tiempo de asegurar que  desconoce del código de convivencia de la institución donde estudian sus hijos, debido a que no les han socializado y tampoco es público.
 

Diario La Hora visitó varias instituciones educativas fiscales, y al solicitar el código de convivencia las autoridades aseguraron que no es un documento público y que se lo debe solicitar mediante un oficio dirigido a la autoridad del plantel, quienes a su vez pedirán autorización al distrito.
 

Según uno de los rectores, quien prefirió no identificarse, cada institución cuenta con códigos de convivencia diferentes y adecuados a su realidad, sin embargo, guardan cierta similitud en temas disciplinarios.

 

Autoridad

Marcia Molina, directora Distrital de Educación Ambato 1, aseguró que el código de convivencia es un instrumento legal construido de acuerdo a las orientaciones emitidas por la planta central del Ministerio de Educación, la misma que es participativa y además concentran los acuerdos de padres de familia, docentes, estudiantes e incluso personas externas vinculadas a la educación y lo que se busca es asegurar los principios de convivencia escolar.
 

La Directora reconoció que con la resolución emitida del caso dado en Ambato gana toda la comunidad educativa, ya que permanentemente se está observando las potencialidades y las debilidades que se tienen, y justamente reconoció que esta es una de ellas. “Esto nos hace ganar a todos, nos hace dar cuenta que todavía tenemos ciertas falencia en las instituciones educativas e incluso como seres humanos tenemos debilidades en observar al otro con niveles de tolerancia y respeto”, dijo.
 

Según la autoridad los códigos de convivencia al ser un instrumento de acuerdos y de compromisos no es un documento sancionatorio, y al ser un documento construido por la misma comunidad se entiende entonces que es la comunidad la que está débil en la determinación de estos lineamientos.

“No son instrumentos muertos, sino más bien son perfectibles y modificables”, dijo. (FCT)

 

Alejandra Gómez, madre de familia de la adolescente vulnerada, en conjunto con activistas y defensores de los derechos cuentan sus experiencias a través de reuniones y conversatorios, uno de ellos se desarrolló el viernes pasado donde participaron también representantes de la Coordinación Zonal de Educación a fin de concretar acciones.
 

Según las autoridades están abiertos a la construcción colectiva de estos instrumentos, por lo que se planifica una asamblea provincial con autoridades, presidentes de los consejos estudiantiles, padres de familia, representantes del Departamento de Consejería Estudiantil (DECE).
 

Para más información pueden contactarse a través de las redes sociales con Alejandra Gómez López.

 

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