Con lamentos y con temor por las represalias, tres familias de una comunidad de un sector rural de Tungurahua viven momentos de angustia, puesto que desde hace tres meses no cuentan con agua potable.
La ropa sucia amontonada, trastos de cocina sin lavar y los niños sin asearse, es como se encuentran estas familias, quienes aseguran que fueron los dirigentes comunitarios y la junta administradora de agua quienes les cortaron el líquido vital.
A decir de los ciudadanos la problemática se suscita debido a que se negaron a contribuir para las festividades del sector, ya que no va con las creencias que las tres familias profesan.
Narcisa Guamán, afectada, manifestó estar preocupada sobre todo por los niños, quienes están desaseados y además no pueden preparar los alimentos, lo cual podría acarrear enfermedades para ellos.
Según la ciudadana esta no es la primera vez que se obliga a la ciudadanía a realizar contribuciones que nada tiene que ver con el agua o el servicio y se valen de este recurso para presionar.
Realidad
Este no sería un caso aislado, ya que en diferentes sectores, sobre todo rurales, la administración del agua continúa siendo una fuente de poder para dirigentes o quienes están al frente de las organizaciones que abarcan esta administración.
Los usuarios aseguran que el recurso hídrico sigue siendo un poder usado para movilizar a los ciudadanos, quienes bajo amenazas acuden a mítines políticos, rendiciones de cuentas de autoridades y hasta para elecciones de reinas, todo en nombre de la organización y el trabajo comunitario.
Marco Sailema, morador de un sector rural, aseguró que por no perder el agua de riego que tiene debió pagar cerca de 100 dólares, solo por concepto de multas por no acudir a apoyar a los dirigentes en una visita de las autoridades.
“Estoy de acuerdo de que se cobre la multa por no ir a las mingas, cuando algo pasa con las acequias o a las sesiones que conciernen al beneficio de nuestra comunidad, pero no para otras cosas políticas”, dijo.
Autoridad
Leonardo Velasteguí, responsable provincial de la Secretaría Nacional del Agua (Senagua), manifestó que es un abuso, ilegal e inconstitucional.
“El derecho humano al agua implica que nadie puede ser suspendido de este servicio por elementos religiosos, culturales, políticos, etcétera”, comentó.
Según el funcionario el directivo que esté abusando de sus facultades puede incurrir en sanciones, ya que no se puede condicionar este derecho. (FCT)
Tome nota
Los ciudadanos pueden denunciar estos abusos en las oficinas de Senagua ubicada en la calle Castillo y Sucre.