Atención a extranjeros

ABR, 26, 2018 | 00:10 - Por Pablo Izquierdo Pinos

Pablo Izquierdo Pinos

Es un secreto a voces que la crisis económica llevó a que los hospitales públicos no cuenten con suficientes medicamentos e insumos para paliar  las necesidades de los pacientes. Se necesita una discusión seria y profunda que nos permita arribar a una verdadera política de Estado frente a un sistema sanitario al borde del colapso. Resulta incomprensible el porqué las máximas autoridades sanitarias se empeñan en ocultarlo, lo que agravaría sus propias responsabilidades. Y que en un futuro cercano será evidente.

Determinar la recuperación de costos para el vapuleado sistema sanitario ecuatoriano es un debate que debemos darnos sin más dilaciones. Se dice que la atención en nuestros hospitales es totalmente gratuita. Sin embargo, gratuito es solo el acceso. Alguien paga por los gastos que demanda esa atención. Obviamente ese alguien es el Estado, que financia el sistema a través de impuestos y contribuciones de los ciudadanos.

Cobrar un arancel por la atención médica a ciudadanos extranjeros no residentes derivó en proyectos presentados en los congresos nacionales de Perú, Chile y Argentina. Se persigue regular el acceso gratuito a los servicios de salud y educación de los migrantes sobre la base de criterios de reciprocidad. Tema delicado y de enorme sensibilidad, ya que históricamente no hemos sido una nación receptora de flujos migratorios. Hecho que cambió con la Constitución de 2008 y las pomposas ciudadanía universal y libre movilidad humana. 

¿Por qué replantearnos esa política de brazos abiertos? En principio porque es necesario definir un programa sanitario, un plan de acción coherente y sostenido que nos permita conocer el verdadero estado de salud pública y cómo asignar mejor los siempre escasos recursos destinados. 

La crisis es profunda: muchos hospitales –especialmente de fronteras- están colapsados por la sobredemanda, no llegan ni siquiera a atender en forma adecuada a la población local. Recargarlos con requerimientos de ciudadanos extranjeros profundiza la inequidad y determina que la atención no sea de calidad ni para unos ni para otros.


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