Expertos constitucionalistas niegan que el organismo se haya extralimitado. Los miembros siguen su trabajo.
Por varios frentes, el Consejo transitorio de Participación Ciudadana recibe ataques. Un grupo de asambleístas y la Judicatura piden que la Corte Constitucional se pronuncie sobre cuál es el límite de sus funciones. Un juez de Balsas emitió una medida cautelar contra la suspensión que ordenó el Consejo de los concursos para designación de jueces y fiscales. Todo esto en una coyuntura en que ese organismo desarrolla las evaluaciones a las autoridades designadas por el Consejo anterior e, incluso, ejerciendo su poder de cesarlas, según el mandato de la consulta popular.
Sin embargo, la mayoría de voces son de apoyo a la labor del organismo. El constitucionalista Rafael Oyarte tiene claro que simplemente está haciendo lo que el pueblo ecuatoriano le ordenó, “que evalúe a todas las autoridades en cuyo nombramiento intervino el anterior Consejo, como órgano”.
Ve que ha habido casos, como el del exsuperintendente de Comunicación Carlos Ochoa, en que la evaluación no se pudo hacer porque estaba ya destituido por la Contraloría, o el caso de Patricio Rivera, cuya posesión como superintendente de Economía Popular se dio fuera de plazo.
“En otros casos hemos tenido renuencia de funcionarios de cumplir con la evaluación”, dice Oyarte, en referencia al destituido defensor del pueblo Ramiro Rivadeneira, que prefirió no someterse a la evaluación. Por último, según el constitucionalista, el Consejo transitorio ha tenido que enfrentar a autoridades que, disgustados ante la evaluación, “han preferido utilizar a terceros para esquivarla”, en alusión a la Judicatura y la acción aceptada por el juez de Balsas.
Legitimidad
Para Ruth Hidalgo, directora de la organización Participación Ciudadana, es importante entender que el mandato popular fue un “clamor ciudadano para que el Presidente genere un mecanismo legal conducente para reinstitucionalizar el país, a la luz de la situación caótica imperante: falta de independencia de poderes, un Estado de Derecho nulo y un proceso sostenido preocupante de corrupción”.
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miembros tiene el Consejo. Para ella, es claro que la pregunta 3 facultaba al Consejo “tomar las decisiones para fomentar y construir institucionalización”. De hecho, ella ve que la consulta popular fue una expresión del poder constituyente del que goza el pueblo ecuatoriano, cuya voluntad debe ser acatada.
“No es cuestión de gustos del Dr. Trujillo y compañía, tienen la obligación de hacerlo”, dice Oyarte. “No es que el Consejo se ha extralimitado sino que hay unos órganos del poder público que quieren desconocer sus facultades, ordenadas por el pueblo soberano”.
Incluso Oyarte, que es experto en la materia, dice que una acción de interpretación ante la Corte Constitucional sería absurda. “La misma Corte dijo en 2009 que no puede pronunciarse sobre un régimen transitorio”, señaló.
En la otra orilla está la correísta Gabriela Rivadeneira, para quien los vocales del Consejo transitorio son “cómplices de la vieja partidocracia, (que) arbitrariamente destituyen a funcionarios sin evaluación, nombran a dedo a reemplazos, fiscalizan, judicializan: por fuera de sus competencias”.
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funcionarios fueron posesionados esta semana. De hecho, el expresidente Rafael Correa, en un tuit al vocal Pablo Dávila, expresó que “del doctor (Julio César Trujillo) se puede esperar cualquier cosa”, y calificó de “impresentable” la advertencia que hizo al Consejo de la Judicatura, de que su presidente y vocales podrían ser destituidos si acatan la disposición del juez de Balsas. Dijo que “perseguir correístas” atenta contra los Derechos Humanos. (MMD)
Las últimas frases de Trujillo
° Julio César Trujillo defendió ayer en una entrevista en Ecuavisa que el organismo no tiene ninguna restricción para evaluar a los funcionarios designados por el Consejo anterior. “Tenemos facultad de evaluarlos”, dijo, y agregó que la acción de protección del juez de Balsas demuestra el temor de ciertas autoridades.
Incluso expresó que evaluará a las autoridades del Consejo Nacional Electoral, pese al periodo electoral por los comicios seccionales de 2019, “pese a quien le pese, patalee quien patalee”. Dijo estar deprimido porque, según él, la corrupción en el Gobierno de Rafael Correa llegó a todas las instituciones del Estado.