AUTOR Freddy Rodríguez
Él, que desde el inicio de su gobierno, en las diatribas sabatinas, en las infamantes cadenas de televisión, o en cualquier escenario, implantó un régimen de violencia verbal, denostando y descalificando a los enemigos creados por su paranoia descomunal, ahora se dice perseguido. Él, que una vez que acumuló todo el poder en sus manos, instó a sus fanáticos seguidores a resolver por la fuerza las discrepancias políticas, ahora se siente agredido. Él, que con su risita irónica y esa mueca de odio, retó a puñetes a políticos y periodistas, pero cuando uno de ellos le aceptó el reto y le pidió “fijar día y hora” para la contienda, con rostro y voz pusilánimes se retractó y se escondió detrás de lo que él llamaba “la majestad del poder”, hoy se dice víctima. Ahora que (justo es reconocerlo) se respiran otros aires, y los jueces se sienten liberados de las presiones del poder, resulta que el otrora todopoderoso “dueño de vidas y haciendas”, se siente atropellado, y sus corifeos aúllan al unísono “democracia, democracia, con Correa no se metan”, cuando la Asamblea, apegada a la norma, decidía que no le corresponde autorizar el enjuiciamiento del ex Presidente; se olvidan los áulicos que hasta anteayer no más hicieron tabla rasa y papel mojado de la ley, y que una de las más fervientes y sumisas defensoras del ex mandamás no tuvo ningún empacho en anhelar que los ricos coman heces (no sé si incluyendo a los “nuevos ricos”, surgidos en la revolución de pacotilla). Una jueza ha determinado que existen elementos de convicción para vincular al ex Presidente, en el proceso instaurado por el secuestro a Fernando Balda; por otra parte, surgen nuevos hechos, que acrecientan las dudas sobre la nada creíble versión oficial sobre el asesinato del General Gabela. El país exige la verdad, y lo que corresponde es demostrarle al ex Presidente, y a su grupillo de fanáticos incondicionales, que la sociedad reaccionará con apego a la ley, que los procesos se seguirán por medio de fiscales y jueces probos e imparciales, garantizando el debido proceso y el derecho a la defensa, sin incurrir en prácticas gansteriles, propias de quien hoy se dice perseguido.