Iván Paredes
A raíz del descubrimiento del petróleo en nuestra Amazonía, esta actividad ha estado envuelta de aprovechamiento y corrupción al más alto nivel por la riqueza que genera su explotación más, nunca deseando el beneficio social y nacional, sino el enriquecimiento individual y grupal como ha quedado evidenciado con lo sucedido por el gobierno anterior. Pero su historia empieza en 1964, cuando las compañías Texaco Petroleum Company y Gulf Ecuadorian Oil Company firman el acuerdo de concesión de explotación, cada una con un 50%, y un año después con aprobación de CEPE y Petroecuador acuerdan que Texaco sea la operadora del consorcio, anotando que las dos últimas empresas son del Estado ecuatoriano creadas en 1971 y 1989 la otra, mediante reemplazo de la primera. En 1992, esta concesión se termina (Texpet), quedano como dueño exclusivo y operador de todas las instalaciones Petroecuador, para ello se presentaron dos estudios de impacto ambiental donde y en aquel año se informó que Texaco había operado de manera responsable sin ningún impacto ambiental de consideración o permanente. En 1993, abogados netamente estadounidenses enjuician a Texaco Inc., por supuestos daños ambientales en sus actividades de exploración y explotación de petróleo en el Ecuador. En el 2001. Se fusiona la Texaco con una subsidiaria de la Compañía Chevron. Así, en el año 2003 una nueva demanda se presenta contra Chevron en los Juzgados de Lago Agrio (hoy Francisco de Orellana), para luego, un Tribunal Internacional bajo el auspicio de la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya, falle a favor de Chevron señalando que Ecuador ha violado sus obligaciones en Tratados internacionales; es más en su Sentencia indica que nuestro país en el 2011 utilizó el soborno y fraude para que los jueces de Lago Agrio fallen a su favor.