Presupuesto para educación

Ángel Polibio Chaves

El Gobierno Nacional remitió a la Asamblea la pro forma del Presupuesto General del Estado para el 2019. Debe haberle resultado extremadamente difícil la ubicación de las distintas fuentes para financiarlo, particularmente por cuanto el fácil arbitrio del endeudamiento ya no está al alcance del Ejecutivo. Pero si habrá tenido dificultad para buscar el financiamiento, más difícil habrá sido determinar los gastos, bajo el estricto orden de prioridad que no solo el sentido común, sino la propia ley, determinan en una situación de crisis.

En efecto, tanto la Constitución como la Ley han previsto tres ámbitos de atención que no pueden ser soslayados, no solamente por las disposiciones taxativas de las normas vigentes, sino por su propia naturaleza e importancia: educación, salud y seguridad.

Por eso resulta preocupante encontrar que en la pro forma, se han reducido las asignaciones para educación y particularmente para la educación superior. Cuando se mira retrospectivamente el desarrollo de países como el Japón, Corea y la misma China, se advierte que el actual grado de su espectacular desarrollo tiene una relación directa con la inversión que estos países realizaron en educación e investigación.

La Ley de Educación Superior en lo que tiene que ver con la calidad académica, y la de la Contraloría General del Estado y la de Contratación Pública, entre otras, permiten un adecuado control del uso de los recursos que se destinan estos fines, por lo que, pese a la plena conciencia de las dificultades económicas por las que atraviesan el Gobierno y el país, es necesario mantener, si no es posible incrementar, las asignaciones para la educación e incluso buscar nuevas fuentes de financiamiento para darle sostenibilidad al sistema. Esa es la labor que le corresponde al legislador.

La diferencia entre un país desarrollado y uno que no lo es, ¡¡¡está EN LA EDUCACIÓN!!!