Redacción, QUITO
Luego de una semana de comparecencias, debates y análisis, la Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe sobre la pro forma 2019.
Este informe incluye la recomendación de reasignar más recursos a las universidades y que los saldos no devengados este año pasen al siguiente. Además se exige al gobierno que se hagan efectivas todas las reformas de la Ley de Educación Superior, sobre todo con referencia a las llamadas cuentas recolectoras, donde las instituciones educativas podrían manejar de manera independiente los recursos de autogestión.
En la proforma enviada por el ministerio de Finanzas se estableció un recorte de 145 millones de dólares para la educación superior.
Por otro lado, en el tema de las concesiones que fueron registradas por el gobierno como ingresos permanentes por 1.000 millones de dólares, la comisión recomienda que se revise el concepto y, de ser el caso, se lo reconsidere como ingreso no permanente dentro de la proforma.
Asimismo, se recomienda que se revise el cumplimiento efectivo del aumento anual del 0,5% en sectores como Salud y Educación. Según el análisis, la asignación total en las dos áreas debía ser de 9.771 millones de dólares, pero en la proforma 2019 solo se registra un poco más de 8.000 millones de dólares.
A pesar de esta recomendación, Mauricio Proaño, asambleísta del bloque correísta, votó abstención porque considera que la diferencia sería mayor. «Se está calculando el aumento de la asignación tomando en cuenta el presupuesto codificado 2018, que es menor al presupuesto inicial. Con eso se está perjudicando a estos sectores», aseveró.
El otro asambleísta que votó abstención fue Patricio Donoso, miembro del bloque de CREO. A su criterio, no está clara la sostenibilidad tanto de los ingresos como de los gastos. Incluso, no se acogieron algunos de sus pedidos como que se revean los recortes en agricultura y el Instituto de Innovación Agropecuaria, que superan los 70 millones de dólares.
«No estamos aprobando la proforma, sino un informe que servirá de insumo para el debate y aprobación en el pleno», acotó Donoso.
El informe y la consiguiente aprobación por parte del pleno solo puede recomendar acciones, pero no cambiar los valores totales de la proforma, que incluido el gasto en subsidio a los combustibles supera los 36.000 millones de dólares.
Un punto que quedó sin aclaración durante las comparecencias de esta semana es el financiamiento del presupuesto. Sobre todo un valor de más de 4.000 millones que se levantaría de organismos e instituciones no identificadas. (JS)
EL DATO.
La asamblea tiene hasta el 4 de diciembre para aprobar o negar el informe de la proforma en el pleno.