En febrero del año pasado, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Un texto único en el país que busca prevenir la violencia intrafamiliar y de género, que ha quedado rezagado en su aplicación.
Dentro de la ley se establecía la creación de un Sistema Nacional Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, un Registro Único de Violencia y un Observatorio Nacional que se encargaría de la elaboración de informes, estudios y propuestas para su implementación. Sin embargo, los presupuestos del Estado para estos organismos aún no están fijos, y dentro de la proforma de 2019, hacen falta 85 millones para su elaboración.
Documento
Siete tipos de violencia están establecidos en el artículo 10 del Capítulo 1 de la Ley: física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, simbólica, política y gineco-obstétrica.
También en el artículo 11 se señalan los ámbitos donde se desarrolla la violencia: intrafamiliar o doméstico, educativo, laboral, deportivo, estatal e institucional, centros de privación de libertad, mediático y cibernético, en el espacio público y comunitario, centros e instituciones de salud y emergencias y situaciones humanitarias.
Pero, desde Fiscalía aún no se han implementado los protocolos para que tanto los fiscales como el personal policial sepan atender estas denuncias con “celeridad y responsabilidad”; establecido en las transitorias de la ley. La Policía Nacional, además, debe actuar cuando exista o se presuma una inminente vulneración o riesgo a la vida e integridad de la víctima.
Mónica Loja del colectivo Cuenca por el Cambio, indicó que la ley no es el problema, “es su ejecución”. “Hace falta voluntad política y programas de prevención para que estos casos no sean un común en el país”. Además, agregó que las reformas al Código Orgánico Integral Penal también son necesarias en los temas de violencia intrafamiliar y de género. (JDC)