Solo en 2017, treinta personas murieron en el interior de la cárcel de Latacunga, según el informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), publicado en mayo de 2018. La observación de los técnicos no fue a la cantidad, sino al manejo de las estadísticas, pues el registro no distinguía las causas y no permitía saber cuántos fallecimientos fueron por hechos violentos.
El documento cuestionaba la validez de los datos entregados por el departamento de estadística, porque no coincidían en la sumatoria total.
Por ejemplo, si se tomaba en cuenta la autodefinición étnica, el resultado era 4.521 presos, pero si se revisaba la situación jurídica, eran 4.362.
En ese contexto, Ricardo Camacho, quien fue secretario de Rehabilitación a inicios del año, confirmó que el manejo estadístico es una de las debilidades más grandes del sistema. En un recorrido por los centros con una delegación de la Unión Europea, uno de los expertos señaló específicamente que había un subregistro.
Según Camacho, las fichas deberían ser mucho más específicas desde el ingreso de una persona a los centros. Eso permitiría que el control sea más eficiente, que mejoren las condiciones de vida y también la separación de los presos de acuerdo a su peligrosidad.
Problema estructural
En lo que va del año, los asesinatos en las cárceles se han revelado a través de videos grabados por los reclusos y difundidos en redes sociales. De acuerdo con la experiencia de la exdefensora del Pueblo, Gina Benavides, esa es la forma en la que se han recibido las denuncias de malos tratos, sobornos y otras problemáticas al interior de las cárceles.
Benavides insiste en que hace falta una política integral que analice cómo debe ser la rehabilitación social. Según ella, la respuesta no está en la coerción ni la revisión de las penas, pues incluso los delitos que se incluyeron en el Código Integral Penal (COIP), en 2014, no fueron la solución e hicieron que la población carcelaria se incremente.
“El delito y la sanción es para las personas pobres”, asegura Benavides, y explica que la situación de las cárceles agudiza las problemáticas de los sectores vulnerables porque no tienen la opción de rehabilitarse y reinsertarse.
Menciona que desde 2008 que se aprobó la Constitución vigente, está pendiente la implementación de jueces de garantías penitenciarias que se encargarían de dictar medidas alternativas.
En el panorama actual, todavía no se han conocido sanciones para quienes asesinaron al interior de las cárceles. Esa fue una de las alertas que también se habían hecho desde el MNPT en la cárcel de Turi en la que el registro de decesos, desde el año 2014, mostraba 24 fallecidos de los cuales cinco murieron en riñas agresiones y suicidios. La recomendación era que se investiguen los casos y se establezcan medidas preventivas. (PCV)
Respuesta oficial
° A pesar de que el lunes anterior se suspendió la rueda de prensa, que convocó el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), Ernesto Pazmiño, su representante, ha hablado de la situación en varios medios de comunicación. En una entrevista en Teleamazonas, dijo que, en los meses en los que rige el Estado de Excepción, uno de los esfuerzos se concentrará en recabar la mayor información de las cárceles a través del diálogo con los presos. Según él, se necesitarían al menos 25 millones de dólares para mejorar el sistema.
Sistema carcelario
En cifras
° 41.000 personas están en las cárceles.
° El sistema tiene una capacidad total de 28.000 personas.
° Hay 40% de hacinamiento a escala nacional.
° 2.300 policías apoyan la seguridad en los centros.
° Unos 3.000 guías faltarían para mejorar la seguridad.
° 7 presos han sido asesinados en 2019.
° 54% de personas están presas por delitos contra la propiedad y violencia.
° 60 días rige el Estado de Excepción (podría prorrogarse 30 días más).
° $25’000.000 se necesitarían para mejorar cárceles.