Cuestionamientos y apoyo a la no despenalización del aborto

Caso. Uno de los padres agresores durante su detención y sentencia tras violar y embarazar a su hija.
Caso. Uno de los padres agresores durante su detención y sentencia tras violar y embarazar a su hija.

Apenas si cumplía 12 años, ella aún gustaba de las muñecas y los juegos, sin embargo vivió un infierno cuando su propio padre la violó varias veces.

La vida de Mayra, nombre protegido, se había quebrantado y las secuelas serán imborrables pues producto de esa violación ella esperaba un hijo de su agresor.

Cuando se inició el proceso penal en contra del victimario, el padre de Mayra se dio a la fuga, pero fue capturado en julio de 2019 por personal de la Policía Nacional y luego de su proceso judicial le dictaminaron 29 años de prisión.

Atención

Esta es la realidad de decenas de mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violaciones en la provincia y el país.

Ante esta realidad la tarde del martes se analizó en la Asamblea Nacional las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), donde se trataba de ampliar los supuestos para poder abortar en el país entre ellos, la violación.

La despenalización del aborto por casos de violación no fue aprobada, ya que se tuvieron 65 votos afirmativos, 59 en contra y seis abstenciones, por lo que el Pleno negó la misión y mantiene la actual Legislación.

Por parte de los asambleístas de Tungurahua tres votaron en contra y Fernando Callejas se abstuvo de votar, a pesar de que en una entrevista mantenida con Diario La Hora en 2017 aseguró que “en algunas circunstancias, por ejemplo violación, alto riesgo de muerte de la madre, pero en los primeros meses de embarazo”, si estaría de acuerdo con que se legalice el aborto.

Cuestionamientos

Para Luisa Villacís, profesional del derecho, los asambleístas de Tungurahua quedan en deuda con las mujeres, ya que han decidido de acuerdo a intereses políticos.

“Sus decisiones no deberían basarse en doctrinas religiosas sino en el respeto de los derechos humanos”, dijo.

Criterio al que se junta Sandra Toapanta, activista, quien asegura que en este caso los legisladores no velaron por el bienestar de las mujeres. “Esta decisión va en contra de la dignidad de la mujer vulnerada a las que les prohíben el derecho a elegir y que les condenan a ser madres sin querer”, dijo.

Contraparte

Según Mayra Solís, madre de familia, la posición tomada por los asambleístas es acertada, pues todos tienen derecho a la vida y aunque sea producto de una violación no se puede quitar ese derecho, aunque aseguró que no es posible que se tenga “legisladores tibios que no se pronuncian ante decisiones tan delicadas, entonces para que los elegimos”.

Daniela Utreras, del Apostolado Provida Ambato, manifestó que en realidad siente satisfacción debido a que la Asamblea escucho los pedidos de estos colectivos ya que esos seres humanos tienen derecho a la vida no importa el origen de la concepción.

Sin embargo, indicó que hay mucho por hacer porque no hay políticas públicas que protejan a las mujeres víctimas de violación, como acompañamiento, endurecimiento de las penas para los violadores e incluso procesos alternativos si la madre no quiere tener al bebe como es la adopción. (FCT)