Quito, EFE
El juez nacional David Jacho ordenó este miércoles la prisión preventiva contra el asambleísta de Sucumbíos Yofre Poma, afín al exgobernante Rafael Correa.
La resolución se dio por su presunta participación en el delito de paralización de un servicio público durante las protestas sociales contra el Gobierno por la elevación del coste de los combustibles.
En un comunicado, la Fiscalía General del Estado informó de que su titular, Diana Salazar, formuló cargos «en contra del asambleísta Yofre P., el prefecto de Sucumbíos, Amado Ch., y siete personas más».
El juez , al finalizar la audiencia, dictó prisión preventiva para todos los procesados, además de la retención de cuentas bancarias y prohibición de enajenar bienes.
Quito, EFE
El juez nacional David Jacho ordenó este miércoles la prisión preventiva contra el asambleísta de Sucumbíos Yofre Poma, afín al exgobernante Rafael Correa.
La resolución se dio por su presunta participación en el delito de paralización de un servicio público durante las protestas sociales contra el Gobierno por la elevación del coste de los combustibles.
En un comunicado, la Fiscalía General del Estado informó de que su titular, Diana Salazar, formuló cargos «en contra del asambleísta Yofre P., el prefecto de Sucumbíos, Amado Ch., y siete personas más».
El juez , al finalizar la audiencia, dictó prisión preventiva para todos los procesados, además de la retención de cuentas bancarias y prohibición de enajenar bienes.
Quito, EFE
El juez nacional David Jacho ordenó este miércoles la prisión preventiva contra el asambleísta de Sucumbíos Yofre Poma, afín al exgobernante Rafael Correa.
La resolución se dio por su presunta participación en el delito de paralización de un servicio público durante las protestas sociales contra el Gobierno por la elevación del coste de los combustibles.
En un comunicado, la Fiscalía General del Estado informó de que su titular, Diana Salazar, formuló cargos «en contra del asambleísta Yofre P., el prefecto de Sucumbíos, Amado Ch., y siete personas más».
El juez , al finalizar la audiencia, dictó prisión preventiva para todos los procesados, además de la retención de cuentas bancarias y prohibición de enajenar bienes.
Quito, EFE
El juez nacional David Jacho ordenó este miércoles la prisión preventiva contra el asambleísta de Sucumbíos Yofre Poma, afín al exgobernante Rafael Correa.
La resolución se dio por su presunta participación en el delito de paralización de un servicio público durante las protestas sociales contra el Gobierno por la elevación del coste de los combustibles.
En un comunicado, la Fiscalía General del Estado informó de que su titular, Diana Salazar, formuló cargos «en contra del asambleísta Yofre P., el prefecto de Sucumbíos, Amado Ch., y siete personas más».
El juez , al finalizar la audiencia, dictó prisión preventiva para todos los procesados, además de la retención de cuentas bancarias y prohibición de enajenar bienes.
Estas personas fueron detenidas el pasado lunes cuando supuestamente entraron de forma violenta en las instalaciones de la empresa pública Petroecuador, en la provincia de Sucumbíos, fronteriza con Colombia.
«Los procesados habrían entrado a la sala de control de operaciones destruyendo las puertas del edificio y con la amenaza inminente de atentar en contra de la integridad de los equipos de bombeo del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), así como de los operadores de Petroecuador», señala el escrito.
Según la Fiscalía, el SOTE se habría detenido durante dos horas y diecinueve minutos. Esto implica la paralización de un servicio público del área estratégica, conforme lo determina la Constitución de Ecuador, «ocasionando un perjuicio económico al Estado de 1.723.918,72 dólares».
Entre los elementos de convicción presentados consta un informe que indica que durante la paralización no se bombearon 31.286 barriles de crudo.
Los otros procesados son José G., director de Comunicación del Gobierno Provincial de Sucumbíos; Jenny R., presidenta de la Asociación de Empleados Públicos de Sucumbíos; el concejal Víctor B. y el dirigente Roberto P., además de otros tres ciudadanos, identificados como Steven T., Gonzalo V. y Carlos Ch.
Según la Fiscalía, la audiencia de juzgamiento será el próximo 18 de octubre.
El delito de paralización de un servicio público está tipificado en el artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y es sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres años.
Estas personas fueron detenidas el pasado lunes cuando supuestamente entraron de forma violenta en las instalaciones de la empresa pública Petroecuador, en la provincia de Sucumbíos, fronteriza con Colombia.
«Los procesados habrían entrado a la sala de control de operaciones destruyendo las puertas del edificio y con la amenaza inminente de atentar en contra de la integridad de los equipos de bombeo del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), así como de los operadores de Petroecuador», señala el escrito.
Según la Fiscalía, el SOTE se habría detenido durante dos horas y diecinueve minutos. Esto implica la paralización de un servicio público del área estratégica, conforme lo determina la Constitución de Ecuador, «ocasionando un perjuicio económico al Estado de 1.723.918,72 dólares».
Entre los elementos de convicción presentados consta un informe que indica que durante la paralización no se bombearon 31.286 barriles de crudo.
Los otros procesados son José G., director de Comunicación del Gobierno Provincial de Sucumbíos; Jenny R., presidenta de la Asociación de Empleados Públicos de Sucumbíos; el concejal Víctor B. y el dirigente Roberto P., además de otros tres ciudadanos, identificados como Steven T., Gonzalo V. y Carlos Ch.
Según la Fiscalía, la audiencia de juzgamiento será el próximo 18 de octubre.
El delito de paralización de un servicio público está tipificado en el artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y es sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres años.
Estas personas fueron detenidas el pasado lunes cuando supuestamente entraron de forma violenta en las instalaciones de la empresa pública Petroecuador, en la provincia de Sucumbíos, fronteriza con Colombia.
«Los procesados habrían entrado a la sala de control de operaciones destruyendo las puertas del edificio y con la amenaza inminente de atentar en contra de la integridad de los equipos de bombeo del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), así como de los operadores de Petroecuador», señala el escrito.
Según la Fiscalía, el SOTE se habría detenido durante dos horas y diecinueve minutos. Esto implica la paralización de un servicio público del área estratégica, conforme lo determina la Constitución de Ecuador, «ocasionando un perjuicio económico al Estado de 1.723.918,72 dólares».
Entre los elementos de convicción presentados consta un informe que indica que durante la paralización no se bombearon 31.286 barriles de crudo.
Los otros procesados son José G., director de Comunicación del Gobierno Provincial de Sucumbíos; Jenny R., presidenta de la Asociación de Empleados Públicos de Sucumbíos; el concejal Víctor B. y el dirigente Roberto P., además de otros tres ciudadanos, identificados como Steven T., Gonzalo V. y Carlos Ch.
Según la Fiscalía, la audiencia de juzgamiento será el próximo 18 de octubre.
El delito de paralización de un servicio público está tipificado en el artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y es sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres años.
Estas personas fueron detenidas el pasado lunes cuando supuestamente entraron de forma violenta en las instalaciones de la empresa pública Petroecuador, en la provincia de Sucumbíos, fronteriza con Colombia.
«Los procesados habrían entrado a la sala de control de operaciones destruyendo las puertas del edificio y con la amenaza inminente de atentar en contra de la integridad de los equipos de bombeo del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), así como de los operadores de Petroecuador», señala el escrito.
Según la Fiscalía, el SOTE se habría detenido durante dos horas y diecinueve minutos. Esto implica la paralización de un servicio público del área estratégica, conforme lo determina la Constitución de Ecuador, «ocasionando un perjuicio económico al Estado de 1.723.918,72 dólares».
Entre los elementos de convicción presentados consta un informe que indica que durante la paralización no se bombearon 31.286 barriles de crudo.
Los otros procesados son José G., director de Comunicación del Gobierno Provincial de Sucumbíos; Jenny R., presidenta de la Asociación de Empleados Públicos de Sucumbíos; el concejal Víctor B. y el dirigente Roberto P., además de otros tres ciudadanos, identificados como Steven T., Gonzalo V. y Carlos Ch.
Según la Fiscalía, la audiencia de juzgamiento será el próximo 18 de octubre.
El delito de paralización de un servicio público está tipificado en el artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y es sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres años.